MIAMI, Estados Unidos. – La organización no gubernamental Prisoners Defenders, encargada de monitorear la situación de los presos políticos en Cuba, llamó a la Alta Comisionada de Derechos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a tomar partido sobre las violaciones de derechos humanos en la Isla.
Javier Larrondo, director de la ONG con base en Madrid, declaró a Radio Televisión Martí que Bachelet ha sido permisiva con el régimen castrista, que ha suyo los diferentes foros de organismos internacionales vinculados a la ONU.
Para el inversor y filántropo cubano-español, la expresidenta de Chile ha pasado por alto las constantes violaciones contra activistas, opositores, presos políticos y población en general, la mayoría llevadas a cabo por la Seguridad del Estado, ente que “actúa al margen de la ley y solo responde al dictador cubano”.
Larrondo también hizo énfasis en las recientes quejas de cuatro relatores y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de la violación a la libertad de culto en la Isla.
“Los funcionarios cubanos han recibido la orden de no responder a la ONU…Es el modus operandi de la Seguridad del Estado; evaluando siempre mecanismos para silenciar estos hechos… La violación sistemática de los derechos humanos en Cuba no puede ser negada”.
Pese a ello, Prisoners Defenders celebró en Twitter la evaluación por parte de la ONU de una resolución de condena contra la Seguridad del Estado de Cuba por las denuncias recibidas en el caso de José Daniel Ferrer.
¡Atención! La ONU evalúa una resolución inminente en el caso de José Daniel Ferrer. Naciones Unidas pone en su lugar a la Seguridad del Estado de Cuba con 19 resoluciones en 15 meses. Reporte en español: https://t.co/WcZlGyYlL0 REPORT IN ENGLISH: https://t.co/D4w6H7vPZf
— Cuban Prisoners Defenders (@CubanDefenders) July 22, 2020
El Consejo de Derechos Humanos ha recibido fuertes críticas tras el boicot del régimen cubano contra Ariel Ruiz Urquiola, quien compareció el pasado 3 de junio ante ese organismo avalado por una ONG.
Aunque el activista contaba con escasos 90 segundos para denunciar las violaciones de derechos de las que ha sido víctima, su intervención fue boicoteada por La Habana y por los representantes de regímenes aliados, como Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea.
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