SANTIAGO DE CUBA. – El coordinador del partido Unión por Cuba Libre en la provincia Guantánamo, Juan Luis Bravo Rodríguez, fue llevado a prisión el pasado 15 de septiembre, por no pagar una multa que le fue impuesta en virtud del Decreto-Ley 370.
El día 3 de septiembre Bravo Rodríguez había sido detenido por oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, al salir de una tienda tras comprar un teléfono celular. Los oficiales se le abalanzaron encima para quitarle el móvil y luego rompieron el equipo, denunció.
El opositor guantanamero fue liberado al día siguiente, después de casi 24 horas de detención. Sin embargo, un rato más tarde oficiales de la Seguridad del Estado lo citaron nuevamente vía telefónica, para que compareciera esa misma tarde en la unidad policial. Allí lo mantuvieron incomunicado durante algunos días, hasta que le avisaron que sería procesado por el delito de impago de multas.
Según el activista Enrique Mustelier Sosa, el opositor fue sancionado a dos años y 20 días de prisión. Además, desde que llegó a la Prisión Provincial fue enviado a régimen de aislamiento.
“Desde hace rato la Seguridad del Estado quería quitarse a Juan Luis de arriba, debido a su activismo aquí en Guantánamo”, resaltó la fuente.
De hecho, tras haber sido multado con 3000 pesos el pasado 20 de mayo, Bravo Rodríguez declaró a CubaNet que el jefe de la Unidad de Enfrentamiento, conocido como mayor Kevin, le había amenazado con llevarlo a prisión si no dejaba su participación en el partido opositor y en el Proyecto Emilia, que lidera el doctor Elías Biscet.
En esa ocasión, el activista no solo rechazó esa amenaza, si no que también comunicó su negativa de pagar la multa equivalente a 120 dólares, una suma que resulta excesiva para cualquier cubano de a pie.
Además, se opuso porque el Decreto-Ley 370 representa “un claro atentado a la libertad de expresión”. En su artículo 68, inciso i, la llamada “ley azote” establece como contravención el difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas en las redes públicas de transmisión de datos.
En efecto, Juan Luis Bravo fue sancionado por publicar información en contra del sistema en su página de Facebook. Así se lo informó el inspector del Ministerio de Comunicaciones que le aplicó la norma.
“Tus publicaciones van en contra del presidente Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro. También son un atentado a la Seguridad del Estado”, le dijo el funcionario.
Hasta este momento, Bravo Rodríguez es la primera persona en ser condenada por no pagar la multa derivada del Decreto-Ley 370.
Desde enero a la fecha 32 defensores de derechos humanos han sido perjudicados por esa norma. La mayoría se niega a pagar la cuota de 3000 pesos, que en el caso del activista Diosvany Salazar, por ejemplo, asciende a 6000 (fue multado en dos ocasiones).
Este último activista es miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. De este grupo, al menos siete personas han sido multadas por el mencionado decreto.
Varios integrantes de la UNPACU también han sido amenazados con ir a prisión si no pagan las multas que deben. Incluso a algunos como a Yordanis Labrada Téllez ya se les ha duplicado el monto (de 1000 a 2000 pesos).
Solo en el mes de septiembre, una treintena de activistas han sido multados con montos que van desde 30 hasta 2000 y 3000 pesos.
Entre los casos más recientes está el doctor Roberto Serrano Delis, quien fue multado con 150 pesos y luego con 30 en menos de 15 días. “A mí nunca me habían multado desde que soy opositor, pero yo tenía claro que cuando lo hicieran no pagaría absolutamente nada. Pueden encarcelarme cuando quieran”, aseveró el galeno.
Aunque Serrano es miembro activo de la UNPACU y promueve Cuba Decide, aún continúa ejerciendo su profesión. No obstante, el pasado lunes 21 de septiembre fue amenazado con retirarle su licencia de Medicina si no se apartaba de la oposición.
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