MIAMI, Estados Unidos. – Este 10 de diciembre, a 72 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Cuba tuvo poco que festejar. A pesar de que el régimen siempre se pavonea en los medios oficiales de su supuesto respeto a los derechos humanos, cada día le resulta más difícil esconder las violaciones contra periodistas, activistas, artistas, opositores y ciudadanos en general.
Justo este 10 de diciembre, Emeregildo Duvergel Delís, preso político miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, cumplió diez días en huelga de hambre.
Duvergel está recluido hace cuatro años en la prisión Kilo 5 de Pinar del Río, hacia donde fue enviado para mantenerlo alejado de sus familiares que residen, igual que él, en la capital.
Debió salir de la cárcel el 30 de noviembre, día en que expiraba la sanción arbitraria de cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de “atentado”. Sin embargo, la Seguridad del Estado se niega a dejarlo en libertad e intenta, nuevamente, sancionarlo por el mismo delito.
Más de un centenar de activistas se encuentran actualmente cumpliendo sanciones por motivos políticos. Todos, en menor o mayor medida, denuncian los métodos de la Seguridad del Estado en contubernio con las autoridades del penal para violarles sus más elementales derechos.
Podemos citar a Aymara Nieto Muñoz, con residencia legal en La Habana, quien fuera condenada y trasladada hacia una prisión de Las Tunas por salir a las calles con un cartel en la mano para pedir la libertad de los presos políticos.
Nieto Muñoz, madre de dos niñas pequeñas, Dama de Blanco, miembro de la UNPACU y promotora de Cuba Decide, ha denunciado haber sufrido golpizas y otros tratos degradantes, así como ser recluida en celda de castigo. Ahora, según denunció su esposo Ismael Boris Reñí, las autoridades intentan fabricarle un nuevo delito.
El caso de la joven Keilylli de la Mora Valle también ha generado preocupación no solo para su familia y organización, sino para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
De la Mora, condenada a un año de prisión por los supuestos delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”, se ha intentado suicidar en cuatro ocasiones debido a los reiterados abusos a los que es sometida por sus carceleros.
Desde Santiago de Cuba, también Arianna Ávila Gilart pide que organismos internacionales apoyen la causa de su esposo Yordanys Labrada, recientemente condenado a diez meses de prisión por negarse a pagar multas que le fueron impuestas por tener una foto de José Daniel Ferrer en la puerta de su casa.
“A mi esposo no solo le negaron la apelación, sino que lo cambiaron de prisión sin previo aviso; ahora está en Mar Verde, con dolores de oído y sin medicamentos. Tenemos dos hijos pequeños que su papá no es delincuente, pero cómo les explico que van a pasar diez meses para que puedan volver a dormir abrazados de su papá”, lamentó la joven.
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