LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este, en el municipio de Guanabacoa, La Habana, el prisionero político Yuri Almenares González denuncia que ha tenido que afrontar un proceso penal amañado por ser opositor al régimen de la Isla.
Nacido el 14 de marzo de 1981 y emigrado a Georgia, Estados Unidos, el 22 de junio de 2009, Almenares González se declara defensor de los derechos humanos y activista del Movimiento Cívico Democrático la Nueva República Arnaldo Zapata Tamayo.
Mediante un audio grabado vía telefónica narra cómo en febrero de 2020 fue falsamente acusado por Alain Domínguez, un colaborador de la Seguridad del Estado en Holguín, del supuesto delito de “ultraje a los símbolos patrios”.
Posteriormente, tras salir de prisión con una multa y según cuenta el propio Almenares González, agentes de la Policía política le fabricaron otro caso, esta vez de “difusión de noticias falsas”, más tarde trocado en “propaganda enemiga de carácter continuado”, por el cual fue condenado a siete años de prisión después de haber pasado más de dos años encarcelado sin juicio.
No obstante, añade, la entrega de la sentencia se ha dilatado, según le hicieron saber las autoridades a un familiar cercano, porque “aún el Tribunal no ha llegado a un fallo”.
En comunicación anterior, el preso político reveló otros detalles del proceso en su contra. En el juicio debía presentarse como testigo una supuesta opositora de Sancti Spíritus, a la cual Almenares afirma no conocer y con quien, según el oficial Luis Miguel Quiroz Lage, instructor del caso, el acusado habría intercambiado llamadas telefónicas.
Pero dado que la testigo no se presentó, el militar, para justificar su ausencia, alegó que le había tomado declaración en su provincia, y agregó que en el teléfono móvil empleado por Almenares en EE. UU. había una foto de la susodicha, además del mensaje “Yo quiero que se muera Díaz-Canel, está matando al pueblo de hambre”.
La figura delictiva de propaganda enemiga es empleada con frecuencia por el régimen de La Habana para coartar y castigar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y aparece tipificada en el Código Penal cubano.
Según esa ley, “Iincurre en sanción de privación de libertad de uno a ocho años el que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma; confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. El que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público, incurre en sanción de privación de libertad de uno a cuatro años”.
Almenares González denuncia igualmente que las autoridades del Combinado del Este lo han culpado además de protestas y lanzamientos de proclamas, con lo cual justifican el “carácter continuado” del supuesto delito.
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