LA HABANA, Cuba.- En la mañana de hoy y después de seis días de incomunicación fue presentado en el Tribunal de La Habana un Habeas Corpus a favor del periodista de Diario de Cuba Jorge Enrique Rodríguez, quien ha permanecido incomunicado en el centro de procesamiento legal conocido como Vivac desde el domingo 28 de junio, acusado de “desacato”, según ha confirmado a la prensa su hermana Yusimí Rodríguez.
La coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez Pérez, y el científico y activista Oscar Casanella, fueron los encargados de hacer llegar a la institución judicial el Habeas Corpus, como parte de una red que se ha creado entorno a Jorge Enrique. Ambos aseguran que aceptaron el recurso, aunque esto no significa mucho porque deberá esperarse por una decisión.
Según los artículos 471 y 474 de la ley de procedimiento penal se “celebrará una vista oral” pasadas las 72 horas donde se “practicarán las pruebas pertinentes que presenten los interesados; y oídas las alegaciones (…) el Tribunal dictará auto fundado en el que decidirá lo que proceda”. Pero en Cuba, según la experiencia de la abogada Laritza Diversent, “esto nunca pasa, y a veces ni dan respuesta”.
El Habeas Corpus, aunque existía en la ley de procedimiento penal, con la nueva constitución se elevó al rango constitucional, “no es una figura nueva dentro de la legislación, pero la diferencia radica en que pasó de ser un recurso legal normal a constitucional”, aseguró Diversent a CubaNet.
Las circunstancias de la detención del periodista aun no están completamente esclarecidas. La versión más cercana a lo oficial la recibió Yusimí Rodríguez en la estación de policías de Zanja, a donde fuera conducido el reportero antes de ser trasladado al Vivac, “se metió en un conflicto de la población con la policía”, razones que tampoco son esclarecedoras.
Los hechos son que un periodista que ha sido incómodo por su posición crítica ante el régimen está incomunicado en una prisión cubana, en espera de un juicio para el que no ha podido acceder a un abogado. El único trámite que le va quedando es la solidaridad y la presión de la opinión pública ante el desamparo legal que se vive en la Isla.
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