MIAMI, Estados Unidos.- Este primero de junio fue suspendido el juicio contra el activista Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.
De acuerdo con el Tribunal, es preciso reunir otras pruebas que demuestren la culpabilidad de Rensoler. Sin embargo, el joven afirmó que no ha cometido ningún delito y que, en cualquier caso, no sería la primera vez que el Departamento de la Seguridad del Estado lo enviase a prisión.
Álvarez Rensoler, original del municipio santiaguero Julio Antonio Mella, fue acusado por un oficial de la Policía política del supuesto delito de “desobediencia”.
El activista resultó detenido el 14 de abril pasado, cuando se presentó a una citación en la Unidad Policial del poblado Palmarito de Cauto. En aquella ocasión, fue informado por dos agentes de que sería llevado a juicio, sin haber ocurrido ningún hecho que justificara tal acusación.
Mientras la Policía estaba “documentando el caso” el joven opositor tosió y, de inmediato, fue trasladado hacia el hospital Dr. Joaquín Castillo Duany, de Santiago de Cuba, por sospechas de coronavirus. Luego, fue enviado al hospital Ambrosio Grillo, donde lo mantuvieron recluido por 14 días.
El opositor, sus familiares y otros miembros de la UNPACU han denunciado que el régimen utiliza las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus con el objetivo de reprimir a los activistas de derechos humanos.
Álavarez Rensoler fue a prisión en 2013, acusado de robo por otro oficial de la Policía política. Después de realizar una huelga de hambre en protesta por su injusta encarcelación fue puesto en libertad. Es considerado por la UNPACU como uno de los miembros que más crueles golpizas ha sufrido a manos de las fuerzas represivas.
Ahora, el activista debe mantenerse en su vivienda, a la espera de una nueva notificación por parte del Tribunal.
Por su parte, Palmarito de Cauto se encuentra bajo un fuerte despliegue policial desde el mes pasado. Hace alrededor de dos años, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior establecieron en este poblado un cerco policial sin precedentes.
En aquel entonces, el MININT tenía como objetivo impedir que la UNPACU y el Movimiento Dignidad realizaran sus actividades. Por más de un año, mantuvieron una fuerte restricción que impedía la entrada y salida no solo de opositores sino de residentes del lugar. Las denuncias de multas, arrestos y golpizas contra quienes pretendían violar el dispositivo policial se contaron por decenas.
Entretanto, el mes de mayo culminó con tres nuevos prisioneros políticos, según la ONG Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Entre ellos, se cuenta el activista de la UNPACU y promotor de Cuba Decide Alien Muchulí Montoya.
Además, actualmente se encuentran pendientes a juicio varios miembros del grupo opositor. Algunos, como Isaín López Luna y Maykel Herrera Bone, han sido trasladados a centros penitenciarios. Mientras, Yuselín Ferrera Espinosa, Onelvis Flores Hecheverría y Emilio Almaguer de la Cruz esperan en sus viviendas la celebración de un juicio en su contra, por acusaciones basadas en supuestos delitos comunes.
El aumento de la represión contra los miembros de la UNPACU también se evidencia por los casos Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant, quienes fueron liberados bajo fianza de 1000 pesos este lunes. Ambos activistas habían sido acusados por el supuesto delito de “receptación”, tras comprar 20 libras de pollo para alimentar a personas desamparadas que se benefician de los proyectos sociales del grupo opositor.
Por último, sobresale el caso de la opositora Keilylli de la Mora Valle, quien debe entrar a prisión este jueves para cumplir una sanción de un año y medio por presuntos delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “resistencia” y “desobediencia”. Será la segunda ocasión en que la activista resulta encarcelada por razones políticas encubiertas.
“Ya yo sufrí encarcelamiento, y fue duro. Me aislaron de todos, y ahora será peor por mi activismo. Ya hasta me amenazaron con mandarme para la Isla de la Juventud, cuando yo soy de Cienfuegos”, dijo a CubaNet la joven.
Alejar a los reclusos de sus familiares es otra de las prácticas represivas del régimen contra activistas y disidentes. Varios miembros de la UNPACU que se encuentran en prisión han sido trasladados hacia provincias alejadas de su lugar de residencia. El caso más reciente es el de Aymara Nieto Muñoz, residente en La Habana y confinada a una prisión en Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de su familia.
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