LA HABANA, Cuba.- “Acaban de llevarse a Boris de la casa, por la fuerza”, denunció en su cuenta de Facebook Juliette Isabel Fernández, la esposa del periodista independiente Boris González Arenas.
Fernández describió que la detención arbitraria de Boris González Arenas fue ejecutada por “tres hombres vestidos de civil, encabezados por el que se presentó como capitán Pavel de la policía”, en esta ocasión el periodista no había recibido “ni siquiera una citación mal elaborada como la que acostumbran a presentar”, contó a CubaNet. “Se lo llevaron en un lada blanco. Lo estaban esperando en 21”.
Supuestamente Boris González Arenas, que permanece desde su detención en paradero desconocido, “tenía que explicar algunas ausencias suyas a citaciones anteriores”, fue la explicación que le dieron, pero ninguna de esas citaciones había sido emitida por un tribunal o firmadas por un secretario judicial, situación que González Arenas había denunciado en su momento en las redes sociales.
Todas y cada una de las citaciones enviadas al periodista carecía de los requisitos indispensables para que fueran legales en Cuba, y no una arbitrariedad más contra sus ciudadanos.
Estos documentos, que en ocasiones no son ni impresos, van firmados por personas sin apellidos o por quienes no ejecutarán el interrogatorio. Otro de motivo más para que sean ilegales.
“Solo atiné a exigirle al segundo hombre que no le apretara el cuello con el brazo. Una hora más y nuestros hijos hubieran estado presentes”, y la frase, más que denuncia, parece un grito de auxilio de Juliette Isabel Fernández, quien debió ver cómo el año 2019 transcurrió para su familia lleno de encarcelamientos, citaciones y amenazas.
Para Fernández comienza ahora la misma rutina de siempre, “comenzaré a llamar a las estaciones de policías donde me dirán que no está”, pero eso no será un pretexto para dejar de buscar a Boris González Arenas, aún cuando se sepa que aparecerá en algún momento, el periodista está siendo víctima de un delito de lesa humanidad, las desapariciones forzosas condenadas por la ONU, donde hipócritamente la delegación oficial del régimen tiene voz y voto.
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