MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua autorizó este martes el ingreso a militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países, “con fines de ejercicios humanitarios, de adiestramiento, e intercambio de experiencias”.
El ingreso fue autorizado gracias a 74 votos de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional y sus aliados, de un total de 92, ante una petición de urgencia del presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno enfrenta la peor crisis desde que retornó al poder, en 2007, publicó la agencia de noticias EFE.
“Hoy aprobamos un decreto de urgencia enviado por la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Daniel Ortega, en esta aprobación está presente una planificación realizada por el Ejército de Nicaragua acerca de intercambios para fines de adiestramiento y humanitarios”, dijo la primera secretaria de la Junta Directiva del parlamento nicaragüense, Gloria Dixon, a través de medios del Gobierno.
La Asamblea también aprobó el ingreso de militares de Estados Unidos, Taiwán y de los países centroamericanos.
El ingreso fue aprobado en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos en protestas contra Ortega.
Todas las fuerzas armadas ingresarán a Nicaragua en el primer semestre de 2019, como parte de un ejercicio anual “de adiestramiento e intercambio de experiencias”, según el Poder Legislativo.
Aunque el ingreso de tropas extranjeras a territorio nicaragüense es aprobado cada 6 meses por la Asamblea, independientemente del contexto político, esto causa controversia desde el estallido social del 18 de abril pasado.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado entre 552 y 558 “presos políticos” tras manifestaciones contra Ortega, además de 325 a 528 muertos, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 273 reos, que considera “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”, así como 199 víctimas.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega niega ser responsable e insiste en que venció un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
