MIAMI, Estados Unidos. – Este lunes cumple cinco días en huelga de hambre y sed la activista Yanelis Deuz Durán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide.
A las 2:00 p.m. del pasado 8 de julio, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de Deuz y sin orden de detención la condujeron en una patrulla hasta un calabozo de la unidad policial de Morón, en Ciego de Ávila.
Sobre ella pesa la acusación de “resistencia a la detención”. Sin embargo, según los presentes durante el arresto, el presunto delito es “falso”. Los oficiales de la PNR, por su parte, ocuparon varios documentos sobre violaciones de derechos humanos que la activista había recopilado y conservaba en su hogar.
En el momento de su detención, la joven de 28 años advirtió a sus familiares que estaría sin comer ni beber mientras se encontrara bajo arresto.
Hasta ahora, la Policía se ha negado a ofrecer información sobre la situación legal y estado de salud de la activista, denuncian sus familiares.
Según Ociel Morales, otro miembro de la UNPACU residente en Morón, en este municipio, hasta su arresto Deuz Durán mantenía tratamiento médico a causa de una severa gastritis y problemas renales.
“Ella se sumó a la oposición hace muy poco. Primeramente, hizo un video denunciando las precarias condiciones de su vivienda, y luego comenzó a realizar activismo”, dijo Morales a CubaNet.
Otro integrante de la UNPACU, Otoniel Cruz Suárez, que vive en el mismo municipio también fue detenido este 9 de julio durante varias horas, por negarse a asistir a una citación verbal realizada por agentes del Ministerio del Interior. Durante el arresto fue amenazado con ir a prisión si no se separaba del grupo opositor.
En el transcurso de este mes, la UNPACU ha denunciado otros actos represivos en contra de sus integrantes.
El 1 de julio fueron arrestados en La Habana el preso político Alexander Roll Gilbert y la activista Juana María Santos.
Luego de 10 meses de prisión por motivos políticos, Roll Gilbert fue transferido al régimen de prisión domiciliar. Dos días después sus familiares recibieron la información de que debían pagar una fianza de 1000 pesos en moneda nacional porque el activista se encontraba detenido en la unidad policial El Capri.
En esa ocasión fue acusado del presunto delito de “lesiones”, como parte de una nueva maniobra de la Seguridad del Estado para evitar que se incorpore al activismo, denunció el propio Roll Gilbert.
Por su parte, Santos fue amenazada con ir a prisión por oficiales que la apresaron en la vía pública y la trasladaron a la quinta unidad de la PNR del Municipio Playa, donde la mantuvieron por dos horas.
El mes de junio culminó con cientos de acciones represivas por parte del régimen contra miembros de la sociedad civil independiente. El día 30 cientos de cubanos pretendían darse cita en diferentes provincias para protestar pacíficamente contra la violencia policial en la Isla, luego de la muerte del joven Hansel Hernández, quien fue baleado por un policía.
Para impedir las manifestaciones, el MININT llevó a cabo detenciones violentas, cercos policiales, amenazas, citaciones, cortes de Internet y otros tipos de hostigamientos.
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