MADIRD, España.-Organizaciones internacionales se unieron este viernes para exigir la liberación inmediata del rapero y activista cubano Maykel Osorbo, así como el cese a la violación de sus derechos humanos.
“Condenamos el maltrato que Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) está recibiendo en prisión, injustamente encarcelado por ejercer su derecho a la libertad artística y de expresión”, expresaron Artist at Risk Connection de PEN América, CADAL, Freedom House, Freemuse, PEN Internacional y Prisoners Defenders, en comunicado publicado por PEN Internacional.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron a las autoridades cubanas de implementar métodos crueles para silenciar al también miembro y fundador del Movimiento San Isidro (MSI), detenido desde el 18 de mayo del 2021 bajo los cargos de “resistencia, desacato y desobediencia”.
En los últimos tres años, “se han cometido más de 120 actos represivos de todo tipo contra Osorbo, en un intento de intimidarlo para que no exprese sus demandas de libertades y derechos fundamentales”, se destacó en las declaraciones.
Las organizaciones internacionales insistieron además en que Osorbo no está recibiendo “una atención médica adecuada”, a pesar de su delicado estado de salud.
Al respecto, citaron a la activista e integrante del MSI, Anamely Ramos: “En la situación actual de Maykel es imprescindible que sigamos en comunicación con él para conocer su estado de salud. La medida de dejarlo incomunicado por tres meses, constituye un acto de crueldad extrema y una violación más a sus derechos humanos. Para un preso político cubano no existe posibilidad de una atención médica confiable dentro del país, razón por la cual Maykel está pidiendo que lo dejen salir de Cuba para atenderse médicamente”.
Según concluye la publicación de PEN Internacional , “el caso de Maykel Osorbo, emblemático, es una muestra más de la sistemática política represiva del gobierno cubano sobre la libertad de expresión mediante la persecución de las voces críticas. Los actos de violencia generados por el Estado y el número de detenciones arbitrarias contra activistas y civiles han aumentado gravemente en el último año, alcanzando un máximo histórico en julio con los ataques gubernamentales contra manifestantes pacíficos”.
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