LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión Combinado del Este, el recluso Noel López González refiere que por estos días solamente en su piso fueron transferidos al régimen de mínima severidad alrededor de 30 internos. Sin embargo, él —a quien ya le correspondía el cambio de medida y hasta la libertad condicional desde hace 6 años— no ha recibido una respuesta seria, por lo que lleva casi tres meses en huelga de hambre.
López González contó a CubaNet que algunos presos reciben la mínima severidad a cambio de entregar armas de fuego supuestamente de su propiedad. Para ello piden una entrevista con el mayor Eddie. Como prueba, muestran una foto del arma (con el número de serie visible) sobre un periódico con fecha actual.
Entretanto, la familia del recluso contrata un abogado que se entrevista con oficiales del DTI que, antes de hacer el trueque, examinan el arma para determinar si fue usada para cometer algún delito.
En Cuba los métodos empleados para conseguir armas de fuego son diversos. López González ha sabido que una pistola puede costar en el mercado negro 800 CUC; y al confrontar al mayor Ciro y al teniente Richard sobre esa situación —pues algunos de esos presos han cometido delitos graves—, estos le respondieron que se trata de un procedimiento perfectamente legal.
Noel López fue condenado en 2007 a 12 años de prisión por “tráfico de personas”, pero luego de la sentencia inicial el régimen cubano le aumentó 10 años de sanción conjunta por otro supuesto delito que no fue probado.
A pesar de que el pasado mes de agosto a López González le correspondía una revisión de su causa para aplicarle el régimen de mínima severidad, las autoridades se lo negaron, desde entonces mantiene una huelga de hambre en reclamo de su libertad condicional o, al menos, de ser transferido al régimen de mínima severidad.
Sin embargo, debido a la prolongada huelga Noel ha perdido mucho peso. Se siente muy debilitado, y sus dolores de estómago y calambres han empeorado.
El Código Penal cubano prohíbe el porte y uso privado de armas de fuego, que incluye el Decreto Ley 262 de 2008, de armas y municiones, y su reglamento, la Resolución 30 de 2009. En la isla la pena máxima por posesión ilegal de armas de fuego es de cinco años de privación de libertad.
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