LA HABANA, Cuba. – Mucho antes de la entrada en vigor del paquete de medidas enmarcadas dentro del proceso de “reordenamiento” del transporte autónomo en la capital, el gobierno cubano ya había ganado la batalla a los “boteros”, convirtiéndolos en ilegales en apenas 40 días.
Sin embargo, tras dos semanas, el tiro de gracia que supuso la puesta en práctica de las regulaciones va saliendo por la culata. Tan silenciosas como el propio “Trancón”, las autoridades han tenido que pactar con los boteros una flexibilización del experimento del transporte.
De acuerdo con información aportada por un funcionario del Ministerio del Transporte (MITRANS), quien aceptó colaborar bajo anonimato, el paso atrás de las autoridades intenta revertir el contexto actual y reincorporar a los cerca de 10 mil operadores independientes que el pasado 7 de diciembre “colgaron los guantes” en la capital.
La jornada previa a la aplicación de las regulaciones, según la fuente citada, la Dirección Provincial de Transporte (DPT) tenía registrados 6.219 boteros en activo y alrededor de 4 mil pasivos, que se encontraban en proceso de gestión de licencia operativa por cumplimiento de sanciones por violaciones del tránsito o intentando rebasar la revisión técnica automotor -somatón- del vehículo.
“La orden era que no podía quedar títere con cabeza, llevar a todo el mundo contra la pared para que tuvieran que enrutarse”, explicó. “Tenía sacos llenos de quejas en la oficina. Después del 20 de diciembre una contraorden nos puso a pasarles la mano, porque el efecto no fue el esperado y la situación se complejizó”.
Acorde a la información facilitada, desde el anuncio del mazo de medidas, el 28 de octubre, hasta su puesta en marcha el pasado día 7, apenas 217 operadores privados se habían plegado a la variante estatal Taxis en Ruta, una alternativa que, por el momento, no ha logrado reclutar a más de 600 independientes.
Por su parte, durante el primer plazo, 582 boteros habían renovado la licencia operativa en la categoría de Taxi Libre, con un crecimiento posterior que ronda los mil afiliados.
De golpe y porrazo, miles de boteros pasaron al mercado informal afectando las arcas gubernamentales, que en materia de contribución tributaria recaudaban unos 10 millones 700 mil pesos mensuales provenientes del sector.
“No había forma de controlarlos, los mismos inspectores se negaban a aplicar las altas multas que corresponden por violar las disposiciones, porque todos sabían que eran un abuso”, espetó.
Heriberto Méndez, taxista autónomo que cubre la ruta Parque La Fraternidad-Lisa, argumentó que el retorno de los boteros a la legalidad depende de los cambios que el gobierno esté dispuesto a realizar sobre lo que calificó como una ofensiva contra los transportistas.
En primera instancia, declaró Méndez, se necesitarían ajustes los conceptos aplicados para los tributos por patente, sobre los ingresos mensuales y la relación de estos últimos con el consumo de combustible.
La adquisición de una tarjeta de combustible, de 275 litros, fue uno de los requisitos obligatorios para la obtención de las nuevas licencias operativas. Sin embargo, no fue hasta la entrada en vigor de las regulaciones que se informaron los términos de su uso. En especial, que cada recarga aumenta el por ciento de los impuestos sobre los ingresos.
“Entre licencia, tarjeta y el 10 por ciento que hay que pagar por los ingresos, arrancando el mes ya la ONAT -Oficina Nacional Tributaria- te tumba unos 10 mil pesos. Pero los 275 litros de petróleo de la tarjeta dan para trabajar una semana, que no alcanza para recuperar los 10 mil pesos, así que tienes que recargar la tarjeta y ahí es donde viene el palo: si usas dos tarjetas el por ciento por los ingresos sube a 20, y así sucesivamente si la sigues cargando”, precisó Méndez.
Por su parte, los porteadores interprovinciales en camiones reclaman el cese de la asociación forzada con las terminales y las rebajas establecidas a los precios de sus pasajes bajo el mismo marco tributario.
La mayoría de los “camioneros” abordados resaltan que el negocio se encuentra en punto de mate por los escasos márgenes de ganancia que ahora tienen.
Alfredo Capote Ferrer, dueño de un viejo camión Ford que “tira pasajes” para el oriente de la isla explicó que su vehículo consume unos 500 litros, ida y retorno, desde La Habana hasta la provincia Las Tunas. Además, por lo extenso del trayecto, de unos 900 kilómetros, también necesita contratar a un chofer ayudante que lo releve al volante.
A pesar del largo recorrido, con las nuevas regulaciones sólo puede cobrar 10 pesos por cada asiento -52 tiene el camión- y no debe transportar personas de pie.
“La ganancia depende de que bajen unos y monten otros. Son como 500 pesos de petróleo y 500 para el ayudante, casi lo mismo que se gana por viaje, sin contar los gastos de estancia en Oriente”, comentó Capote. “Estamos alertas porque nos engañaron con las piezas de repuesto, nos hicieron afiliar a las terminales y no ha llegado ni una. Si no cambian las condiciones vamos a parquear los camiones que quedan funcionando, y que se forme el caos”.
