MIAMI, Estados Unidos. — El 30 de mayo de 2018, Día de las Madres en Nicaragua, más de trescientas familias de las ciudades de Estelí, Chinandega, Managua y Masaya se vistieron de luto tras la masacre ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquel día, la policía nicaragüense y tropas paramilitares abrieron fuego contra una manifestación de opositores al régimen, entre ellos, cientos de jóvenes universitarios.
La acción cívica estaba enmarcada en una serie de protestas antigubernamentales que habían iniciado el 18 de abril, dejando un saldo importante de víctimas fatales. Tras la matanza del 30 de mayo, no obstante, el número de muertos superó el centenar.
Aquella tarde se habían programado dos marchas, una organizada por movimientos universitarios en solidaridad hacia las madres que habían perdido a sus hijos desde el inicio de las protestas, y otra preparada por el oficialismo con el pretexto de homenajear a las madres nicaragüenses.
La manifestación opositora fue bautizada como “La madre de todas las marchas” debido a que aglutinó a cerca de un millón de personas. Familias enteras vistieron de negro en señal de duelo por sus hijos asesinados, sin imaginar que ese día también culminaría con represión, sangre y nuevas pérdidas de seres queridos.
En las inmediaciones del Estadio Nacional Dennis Martínez las fuerzas represivas del régimen comenzaron a disparar en ráfaga contra los manifestantes pacíficos. Según testimonios, apuntaron a la cabeza y el tórax, de modo que varias víctimas murieron al instante, durante el traslado al hospital, o en los centros médicos.
En respuesta, los manifestantes lanzaron morteros y piedras contra el estadio. El caos se apoderó de la ciudad y varias infraestructuras resultaron dañadas. La manifestación se disolvió ante la violencia del ataque, que fue transmitido por televisión e Internet. Miles de personas se refugiaron en la Universidad Centroamericana, donde los heridos fueron atendidos por médicos y voluntarios en puestos de atención improvisados.
La dictadura de Ortega solo reconoció 15 muertos y 199 lesionados, todos atribuidos a “grupos delincuenciales de derecha”, según la narrativa oficial. Sin embargo, gracias a organizaciones independientes y al diario La Prensa, se contabilizaron 18 muertes y 218 lesionados, sin contar los que fallecieron durante los días inmediatos al ataque, e incluso en los meses que sucedieron.
Varios opositores fueron juzgados por presuntos daños a la propiedad privada durante las protestas; pero ningún partidario o efectivo del régimen enfrentó la justicia a raíz de la masacre. Hasta hoy, cinco años después, los crímenes cometidos aquel 30 de mayo por las fuerzas represivas al servicio del matrimonio Ortega-Murillo, continúan impunes.
