MIAMI, Estados Unidos.- En caso de reclamaciones en EEUU de bienes confiscados por el castrismo, las compañías españolas Meliá e Iberostar ya han contratado los servicios de varios despachos de abogados para preparar su defensa, informó el suplemento Cinco Días del diario El País.
El título III de la Ley Helms Burton nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, debido a que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba, sin embargo, Washington estudia desde hace semanas la reactivación completa de dicho capítulo, congelado desde de la aprobación de la Ley en 1996.
El Gobierno de Donald Trump anunció el pasado 4 de marzo que prorrogaría un mes más su suspensión, con la salvedad de que sí se podrán interponer demandas contra compañías incluidas en una lista de entidades “bajo el control” de la Inteligencia y el Ejército cubanos, muchas de ellas administradas por el conglomerado empresarial de los militares, GAESA.
En esa lista figuran 205 entidades cubanas, y una de ellas en Gaviota, el grupo de turismo que posee 84 hoteles en la Isla en régimen de propiedad y cuya gestión cede a operadores extranjeros, entre ellos las compañías españolas.
Meliá explota seis de esos hoteles (dos en Varadero, tres en Villa Clara y otro en Jardines del Rey) e Iberostar otros seis (uno en la Habana, tres en Varadero, uno en Villa Clara y otro en Jardines del Rey).
Es por ello que las empresas españolas temen que se active un segundo escenario a partir del próximo 17 de abril, cuando particulares y empresas podrían demandar la recuperación de los bienes confiscados, siempre y cuando el Ejecutivo de EEUU active en pleno el capítulo III.
De acuerdo a la publicación española, existen cerca de 6.000 demandas certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del Gobierno, por importe estimado de 9.000 millones de dólares (7.959 millones de euros), pero se calcula que el importe global es muy superior.
Meliá e Iberostar son las dos empresas españolas más afectadas por ese endurecimiento del embargo, la primera tiene 32 hoteles operativos en la Isla, siete en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones.
Despachos de abogados consultados por la edición de El País creen poco probable que se activen las expropiaciones, pero sí consideran más plausible que se aprueben otras medidas de presión económica.
“Veo altamente improbable que uno de los reclamantes certificados pueda iniciar el proceso de reclamación, pero si lo hiciera eso podría generar un deterioro de la calificación crediticia de las compañías y podría provocar un recorte de las líneas de crédito a las empresas españolas”, recalcó Altozano, que acaba de regresar de un viaje a Londres donde ha tratado de ese tema con inversores ingleses con intereses en la Isla.
Otra oficina, que prefirió guardar el anonimato, consideró más probable la posible interposición de recursos y presentaron una posible derivada. “El pulso podría intensificarse si se pasara de la amenaza a la realidad y el Ejecutivo estadounidense también podría optar por embargar flujos de caja o activos de la compañía en suelo estadounidense”.
Meliá cuenta con tres establecimientos en EEUU (Nueva York, Miami y Orlando) e Iberostar cuenta con otros dos (Nueva York y Miami).