El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó como ministro del Interior a uno de los funcionarios de su país que fue sancionado este lunes por el Gobierno de su homólogo estadounidense, Barack Obama, horas después que Washington anunciara un nuevo paquete de sanciones contra funcionarios venezolanos y calificara la situación en el país caribeño como una amenaza a su seguridad nacional.
Maduro nombró durante una cadena de radio y televisión al General Gustavo González López como ministro del Interior, en reemplazo de Carmen Meléndez, a quien transfirió al despacho de la Secretaría de la Presidencia.
El general González estaba al frente de los servicios de inteligencia del Gobierno de Maduro.
Maduro hizo el anuncio y solicitó aplausos para el resto de los siete funcionarios venezolanos presentes en el palacio presidencial, que fueron acusados por el Gobierno de Estados Unidos de violar los derechos humanos de ciudadanos venezolanos.
También anunció que solicitará a la Asamblea Nacional (AN) poderes especiales con la justificación de defender “la integridad” del país. Y llamó a consultas a su principal representante en Estados Unidos: “Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilien Arveláiz, encargado de Negocios en Estados Unidos”, escribió la canciller Delcy Rodríguez en su cuenta en Twitter.
El presidente estadounidense Barack Obama reforzó sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela presuntamente incursos en casos de corrupción y violaciones a Derechos Humanos durante la represión de protestas opositoras en 2014, y que dejaron 43 fallecidos.
La Casa Blanca también calificó la situación en el país suramericano como una “amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos. “Yo, Barack Obama, (…) considero que la situación en Venezuela (…) constituye una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos”, indica el decreto. “Por ello, declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza”, añade.
Las sanciones están dirigidas contra siete funcionarios y ex funcionarios de instancias policiales, militares y judiciales; cuyos nombres fueron mencionados públicamente por la Casa Blanca por primera vez. Entre ellos se encuentran, además de González, hasta ahora director del servicio de inteligencia SEBIN, el ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides; la fiscal Katherine Haringhton; y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros.
“Los funcionarios venezolanos, actuales y anteriores, que violan los Derechos Humanos de los ciudadanos venezolanos y realizan actos de corrupción no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus bienes y su uso del sistema financiero estadounidense”, señaló la Casa Blanca.
Estas acciones implementan y amplían las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, a pesar de su reticencia inicial, sancionó en diciembre.
En febrero, el Departamento de Estado incluyó un número adicional de funcionarios venezolanos susceptibles a la restricción de visas. En ese entonces, Venezuela manifestó su rechazo a una decisión que consideró “lesiva de los Derechos Humanos” y que era “reincidente en la violación del Derecho Internacional”.
El 28 de febrero el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la reducción del número de diplomáticos estadounidenses acreditados en Caracas, la exigencia de visas para turistas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.
Representantes republicanos reaccionan a la decisión
La congresista Ileana Ros-Lehtinen (Fl), presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte dijo que las sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela llegan con retraso, pero van en la dirección correcta.
El senador Marco Rubio (FL), coautor de la ley por la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, también celebró la decisión de la Administración, pero sugirió que las sanciones incluyan a otros violadores de los derechos humanos, como el general Vladimir Padrino López, comandante de las Fuerzas Armadas Venezolanas y ministro de Defensa.
“Entre sus delitos, el general Padrino firmó la reciente orden que autoriza la fuerza letal contra manifestantes pacíficos, una orden que dejó un niño de 14 años muerto. Este general debería estar en esta lista, pero la Administración inexplicablemente lo dejó fuera”, dijo Rubio.
Rubio resaltó la conexión entre el actual estado de los derechos humanos en Venezuela y su relación con Cuba, y lo contradictorio que le resulta la nueva política de la Administración con el Gobierno de Raúl Castro.
“Las violaciones de los derechos humanos en Venezuela se derivan directamente de lo que el ejército y la inteligencia cubanas han enseñado el régimen de Chávez y Maduro”, dijo.
“Me pregunto por qué el presidente Obama se está simultáneamente moviendo hacia el levantamiento de las sanciones contra Cuba, que ha desempeñado un papel directo en sembrar disturbios en Venezuela y tiene un historial de derechos humanos, incluso peor que el régimen de Maduro, agregó el senador.
AGENCIAS / MARTINOTICIAS / VENEVISION
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