LA HABANA, Cuba.- “Tenga fé, todavía estamos esperando los resultados de salud pública”, “tenga fe que se va a hacer justicia”, “nosotros la entendemos”, “se va a hacer justicia”, “usted está pasando por algo muy grande” le decían, y Delia Otero González pensó que la muerte de su hijo en prisión no quedaría impune, pero no encontró consuelo ninguno en esa justicia de la que tanto se habla.
“Tengo un dolor muy grande. Yo me hubiese arrancado mi vida con mis manos para dársela a mi hijo”. Nadie calcula el dolor de Delia, su hijo, Reidel García Otero, recluso de Valle Grande, murió el 23 de enero a los 30 años de edad por un “supuesto catarro”.
Todavía recuerda cuando llegó al hospital Salvador Allende, La Covandonga, y le dijeron que su hijo había llegado con “15 de presión, con los pies cianóticos, y con paro respiratorio. Todo el tiempo estuvo en coma, intubado, ventilado, con un shock séptico extremadamente crítico”, hasta que falleció a las 2 y 35 de la madrugada, tras cinco paros respiratorios y con manos, pies y orejas necrosados.
Reidel García Otero había estudiado contabilidad en la escuela Amistad Cubano-Soviética y trabajaba desde los 18 años en la carpintería militar que todos conocen como “la Gaspar de la Yuri”. Su delito fue, junto a otros carpinteros, hacer trabajos “por fuera”, pero de nada le sirvieron los avales de buena conducta que dieran el director de la UBFECP y la sección sindical de donde trabajaba.
Con la muerte de su hijo, Delia Otero lo primero que hizo fue una denuncia penal en la estación de policía de Infanta y Manglar; luego “hice cartas para todas las instancias. Terminé en el Ministerio del Interior. Me vinieron a dar respuesta en agosto. A los 8 meses, después de ir tantas veces a Servicios Médicos a 15 y K”, donde está ubicada Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Hizo su denuncia en los medios independientes y además también pasó lo pasó a Fiscalía Territorial donde le dijeron: “aquí no ha pasado nada, porque el caso se había quedado sin recursos”. En esa reunión estuvieron presentes “la fiscal Ana Elvis, otra más que no dijo su nombre y la subdirectora de medicina legal”, pero no pudieron convencerla ni siquiera con el argumento de una supuesta enfermedad de base.
Según le informaron a Delia “el Ministerio del Interior tomó medidas administrativas, contra quiénes y cuáles fueron, no sé. No se sabe si el médico fue sancionado, pero cuando oyes eso te preguntas cómo es posible que la pérdida de una vida humana represente una sanción administrativa, porque ¿tú crees que esos médicos están para atender a alguien? ¿y para dónde los sacaron, para otra cárcel donde hay más personas?”.
“Ahora le hice cartas a Díaz-Canel, a Raúl, al Fiscal de la República. Ya fui al Consejo de Estado y pasé la queja nuevamente al Ministerio del Interior. Me imagino que tenga que esperar 8 meses más”, pero durante este tiempo de espera ha reunido un material probatorio de que su hijo no murió de catarro, entonces ahora pretenden silenciarla.
“Tengo testimonios de un compañero de prisión que me explica con algunos detalles lo que pasó en esos días, y el acta de pedido de la ambulancia que nunca llegó”, dice Delia.
En uno de los testimonios, otro recluso cuenta que Reidel “empezó con dolor en la espalda y en una costilla”, y que “ese día le mandaron Metocarbamol. Él me dijo que no se sentía síntoma de catarro”, entonces relató que comenzó con “diarrea y descenso”, por lo que le mandaron Polivit, poco después comenzó “una tos que no era normal y le pusieron oxígeno”.
Cada vez que lo llevaban a la enfermería había que hacerlo en camilla o cargado. La doctora Ileana Bethan Morales, la misma que le dijo a Delia que Reidel solo tenía catarro, lo sacó para el hospital Salvador Allende, el 19 de enero a la 1:21 pm. en una “guasabita porque no había ambulancia”. El diagnóstico era bronconeumonía bacteriana y anemia severa, y con el cuadro clínico de fiebre alta y delirios se negó a hidratarse.
Delia Otero encontró el contraste entre las sentencias de los demás que cometieron delitos en la carpintería con respecto al castigo que debieron recibir los responsables de la muerte de su hijo.
“Días antes había ido a la Fiscalía a preguntar si mi hijo, pese a todo, iba a ser condenado y me dijeron que no, que los muertos no se juzgan”, pero cuando asistió a las vistas orales los días 4, 5 y 6 de julio, “lo primero que hicieron fue leer los testimonios de mi hijo como si estuviera allí, y lo juzgaron como si estuviera vivo. El único detalle que tuvieron fue decir que si alguien se sentía incómodo con lo que se iba a hablar que se podía retirar de la sala”. Les impusieron 4, 5 y 8 años de prisión por malversación. El director y el almacenero están apelando. Sinceramente yo hubiese estado contenta, aunque a mi hijo le hubieran dado 30 años, pero que estuviera vivo”.
“Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero nadie se muere de catarro. Por eso tengo mi lucha y la voy a seguir. A lo mejor me vuelven a decir lo mismo, pero yo voy a seguir, y voy a seguir”. Con el tiempo no disminuye el dolor de Delia, sino que aumenta, “hoy le sacudo su mesita y le digo: hijo te cargué cuando naciste y ahora me tocó cargar tus cenizas también”. Lo dice una madre que además se cansó de oír “las mentiras que dicen aquí” sobre los derechos que tenemos todos.
