MIAMI, Estados Unidos. – El preso político Luis Robles Elizástigui, que fue juzgado el pasado 16 de diciembre y enfrenta una petición fiscal de seis años de privación de libertad, se encuentra “emocionalmente afectado” en espera de su sentencia, aseguró a Radio Televisión Martí su hermano, Landy Fernández Elizástigui.
El pasado martes, Fernández Elizástigui pudo visitar a su hermano en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. Tras su visita, declaró que el joven guantanamero se encontraba “bastante bien” de salud pero emocionalmente “afectado”.
El juicio contra Robles, que fue celebrado el 16 de diciembre en el Tribunal Municipal de Marianao, quedó concluso para sentencia. Sin embargo, más de 15 días después el joven guantanamero desconoce su sentencia.
“A quienes les han hecho el juicio después que a él, ya tienen una sentencia; y él todavía está en la espera esa, que es algo insoportable, según me cuenta. Él no tiene ningún tipo de información sobre el juicio ni la sentencia, ni nada de eso”, relató Fernández Elizástigui.
Asimismo, precisó que el abogado de la defensa de Robles “aún no sabe nada”.
El joven guantanamero de 29 años fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, durante una protesta en la que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís y el fin de la represión en Cuba.
Por ese motivo, fue acusado por los supuestos delitos de “desobediencia” y “propaganda enemiga”.
Su petición fiscal asegura que es “responsable en concepto de autor, conforme el artículo 18.1.2 a) del Código Penal de los delitos Propaganda Enemiga previsto y sancionado en el artículo 103. 1 a) del Código Penal y de un delito de Desobediencia previsto y sancionado en el artículo 147.1 del Código Penal”.
El juicio del joven informático, que había sido programado inicialmente para el 16 de julio de 2021, fue suspendido tras las protestas populares que tuvieron lugar el día 11 de ese mes en todo el país.
Robles Elizástigui fue declarado prisionero de conciencia por la organización no gubernamental Prisoners Defenders a comienzos de enero de 2021.
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