MIAMI, Estados Unidos. – Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott y el congresista Mario Díaz-Balart elogiaron este lunes la decisión del presidente Donald Trump de permitir demandas judiciales contra más de 200 compañías operadas por el régimen comunista cubano.
En un comunicado emitido desde Washington, los legisladores celebraron el proceso de implementación del Título III y el Título IV de la Ley Helms-Burton. De este modo, Estados Unidos castiga al régimen cubano por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro.
“El presidente Trump está enviando un fuerte mensaje de que los EEUU no se quedará sin hacer nada mientras el régimen cubano continúa apoyando a la familia criminal de Maduro a expensas del pueblo venezolano, dijo Rubio, quien aseguró que “la justicia está llegando”.
Rick Scott, por su parte, declaró que el plan de la Administración para implementar completa e inmediatamente el Título III y IV de la Ley de Libertad demuestra a la comunidad internacional que los Estados Unidos toman en serio su compromiso con la libertad y la democracia en Cuba.
“Permitir que ciudadanos estadounidenses demanden por propiedades robadas en Cuba y negar la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos extranjeros involucrados en el tráfico de propiedad robada es un gran paso para cortar el flujo de dinero al régimen de Castro (…) Esta contundente decisión por parte del presidente Trump en relación a la Ley de Libertad hará que el régimen cubano tenga que rendir cuentas. Le insto a que continúe con la implementación planeada para este mes para que podamos ayudar a impulsar un nuevo día de libertad y democracia para Cuba y su gente”, señaló el senador republicano, exgobernador del estado de Florida.
Mientras, el congresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart, señaló que con la nueva decisión se corrigen “algunos de los errores cometidos por una dictadura que oprime brutalmente a su gente y se opone a los intereses de los Estados Unidos en cada oportunidad”.
“Esta es solo la primera acción de muchas en relación con las acciones de la Administración en el Título III. La justicia para las víctimas de las confiscaciones del régimen de Castro está muy atrasada. Los años de extensiones consecutivas pueden haber dejado caer a algunos en una falsa sensación de impunidad”, dijo.