MIAMI, Estados Unidos. – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la ocurrencia de “graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela en su informe sobre la crisis humanitaria que atraviesa el país suramericano.
El documento, de 18 páginas, da cuenta que, desde el año 2016, existe una estrategia encaminada a “neutralizar, reprimir y criminalizar” a la oposición política.
El país “ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático”, señala el informe, que también reconoce la existencia de “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos” contra personas por el solo hecho de ejercer sus derechos civiles.
Fueron señalados como brazos operativos de la represión el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En sus centros se han reportado disimiles formas de tortura, como “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
Esos organismos recurren de manera habitual a prácticas nefastas con el objetivo de “extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.
De igual forma, el informe responsabiliza al régimen chavista de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana a consecuencia de la crisis política y social que atraviesa el país.
“El Gobierno (del asediado presidente Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, insiste Naciones Unidas.
El documento hace referencia también a la elevada cifra de personas detenidas arbitrariamente -algunas solo por expresar opiniones redes sociales-; a la “represión selectiva” contra opositores, disidentes y familiares de estos; la extrema violencia de los órganos de seguridad, la vulneración de derechos económicos y sociales que afectan el acceso a la alimentación y la salud del pueblo venezolano y, en general, las “leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”.