CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones cubanas y extranjeras presentaron informes sobre una serie de violaciones de derechos humanos que practica el régimen de La Habana de forma sistemática. El Comité contra la Tortura de la ONU considera que Cuba debe responder a las violaciones.
Esta vez el gobierno de Cuba no salió bien librado de la sesión del Comité de la Tortura, quien se hizo eco de todas las violaciones documentadas por organizaciones independientes de la sociedad civil, como Cubalex y Prisioners Defenders.
Durante la 73° sesión de esta entidad, celebrada entre abril y mayo, los expertos que supervisaron la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) examinó a Cuba. Fue marcada la preocupación del órgano sobre los menores de edad presos por manifestarse el 11 de julio.
En sus 17 minutos de intervención, Sébastien Touze, vicepresidente del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, dijo que la cifra de personas en la cárcel hace que “Cuba sea el país con la población carcelaria más alta del mundo”. Además, señaló que habían “verificado las cifras” y existían “797 detenidos por cada cien mil habitantes, lo cual significa que un 7.94% de la población se encuentra en la cárcel”.
Recomendaciones
En el informe de conclusiones y recomendaciones a Cuba, Touzé puntualizó que 55 menores de edad fueron detenidos, violando las garantías de sus derechos, y que muchos siguen detenidos actualmente.
El experto continúo su exposición retomando datos de organizaciones independientes, señalando que 38 000 personas en la cárcel “no tendrían antecedentes penales” y estarían en celdas de 2.5 metros cuadrados compartidas por cuatro personas, sin ventanillas y sin posibilidades de saber el tiempo. También mencionó los casos particulares de José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara; así como la detención arbitraria a Denis Solís.
El Comité también mostró su preocupación al desconocer cómo el gobierno cubano “determina la peligrosidad predelictiva”, figura bajo la que encarcelan a personas que no han cometido delitos, pero supuestamente podrían hacerlo en el futuro.
El pasado mes Cubalex y otras 13 organizaciones de la sociedad civil cubana presentaron un informe que analiza la situación de la tortura en Cuba. El documento destaca la violencia de género, el exilio forzado y las violaciones dentro de las cárceles.
El texto, también realizado por Civil Rights Defenders, Justicia 11, Artículo 19 y Race & Equality, señala que “los jueces nunca se pronuncian sobre los motivos de detención, violencia o uso de la fuerza en los arrestos, la incomunicación, la desaparición forzada y el derecho de acceso a la defensa, y pocas veces informan sobre los traslados y lugares de detención donde está recluida la persona”.
Qué pasa con los abogados en la isla
El vicepresidente del Comité contra la Tortura también señaló la falta de independencia para ejercer la abogacía en Cuba.
El informe de la ONG de asesoría legal señala que la falta de independencia de la ONBC y sus abogados tienen un impacto en el ejercicio de los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado cubano.
“La imposibilidad de que los abogados puedan asociarse libremente afecta el ejercicio de los derechos relacionados con las garantías del debido proceso, pues las personas sometidas a la jurisdicción del Estado, especialmente aquellas que son discriminadas por su forma de pensar y opinión, están obligadas a contratar abogados que no son independientes y tienen la obligación de cumplir con requerimientos de tipo ideológico”.
Aunque el gobierno cubano señaló en una nota de prensa, reproducida por su aparato de propaganda, “sus positivos resultados”, el Comité contra la Tortura mostró una extensa serie de preocupaciones y recomendaciones al régimen de La Habana que la oficialidad omitió.
El Comité solicitó a Cuba que proporcionara información, cuya aplicación consideraba prioritaria, relativa al derecho de las personas privadas de libertad a “comunicarse con sus familiares y representantes legales. Por otra parte, se hizo hincapié en la creación de un registro centralizado de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas sobre casos de tortura y malos tratos; las instituciones psiquiátricas; y la violencia de género”.
Además, recalcó que desde el 3 de junio de 2013 el Relator ha solicitado cambios en el país, en cuanto al seguimiento de las observaciones, los cuales no han tenido respuesta.
No es la primera vez
El Comité lamentó tener que reiterar la preocupación expresada en sus anteriores observaciones finales de que no se haya tipificado aún el delito de tortura. Agregó que “la redacción actual del tipo penal del artículo 368.1 del proyecto no contemplaría los actos de tortura cometidos por una persona, distinta de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia”.
Asimismo, se mostró preocupado por la falta de una institución nacional de Derechos Humanos “con arreglo a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París)”.
“Aquí el Comité no puede sino expresar su preocupación por las faltas a los derechos fundamentales y primordiales de libertad de expresión, asociación, reunión o circulación”, expresó el experto. Touze calificó como “contrarias a la convención contra la tortura” las actuaciones represivas de algunas autoridades en Cuba.
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