LA HABANA, Cuba.- Ante la carencia de medicamentos, alimentos y otros artículos de primera necesidad, la comunidad cubana en el exilio hace grandes esfuerzos para ayudar a sus seres queridos. Sin embargo, el gobierno comunista ha decomisado más de tres toneladas de productos de diversos tipos, alegando que son transportados por agencias “ilegales” (ya que no tienen contrato con el Estado cubano).
Una gran cantidad de cubanos de una u otra forma se las ingenia para viajar fuera del país. No sólo aspiran a mejorar su situación económica, también ansían experimentar la libertad y apreciar el desarrollo de otras sociedades, y para lograrlo se sacrifican hasta lo indecible.
De ahí que, por ejemplo, cuando el gobierno español decidió otorgar la ciudadanía a los hijos y nietos de españoles, tanta gente removiera cielo y tierra buscando documentos que acreditaran sus raíces en la madre patria. El principal interés de la inmensa mayoría era la novedosa posibilidad de viajar sin restricciones (y evitar el inconveniente de la entrevista para visitar a sus seres queridos). Algunos pretendían emigrar definitivamente, y otros, planeaban hacer negocios.
“Si fuera es por quienes traemos ropa, zapatos y otras cosas, los cubanos pareceríamos indigentes”, me comenta una vecina perteneciente a estos últimos. “Lo que traigo (muchas veces por encargo) es moderno y tiene más calidad que lo de las tiendas. Lo que a veces hago es poner la mercancía en jabas separadas, como si la trajera para mi familia. Así me pago el viaje y paso unos días con mi hija”.
Pero sucede que el gobierno ha decidido perseguir a los miles de cubanos que intentan ganarse la vida trayendo encomiendas. Aparentemente, nuestros familiares, en ocasiones, emplean agencias que no tienen contrato con el Estado cubano, por lo que han sido calificadas, sin más, de ilegales. Asimismo, ha echado el ojo a aquellos viajeros que acepten traer paquetes para estas a cambio de dinero. Y de paso, están en remojo los residentes en Cuba que viajan para importar mercancías.
En el periódico Juventud Rebelde del 7 de junio de 2018, entre las declaraciones del coronel William Pérez González, vicejefe de la Aduana General de la República (AGR), leemos: “Este fenómeno genera los mayores hechos de corrupción dentro de la AGR, además de mostrar rasgos de organización e impunidad, a partir de las cadenas desarrolladas en el país para la comercialización de los bienes. Por todo ello se enfrentan con rigor e inteligencia las diversas redes de tráfico ilegal relacionadas con las mercancías”.
En vista a los acontecimientos, estos comerciantes están atemorizados y no son pocos los que han decidido posponer sus actividades. Así me dice un joven que viaja a Panamá y trae encargos.
Un amigo que iba a Ecuador y traía “pacotilla”, que vendía por la izquierda, me comenta: “Esto de la aduana no es nada nuevo. El trago amargo cada vez me esperaba al regreso, siempre tratando de joderlo a uno. Cuando prohibieron la venta de ropa importada dejé el negocio”. Y agrega: “Durante mis viajes tuve ocasión de ver a personas que hacían lo mismo que nosotros (no eran cubanos). No se les trataba como a traficantes, sino como a comerciantes, pagaban los aranceles de rigor, y sin problema ninguno importaban”.
Y es que este comercio informal está prohibido en nuestro país sobre la base de leyes absurdas que coartan las aspiraciones de prosperidad de los ciudadanos. Para intentar frenarlo se le penaliza como delito, cuando más bien sería conveniente legalizarlo, pues cubre muchas carencias de la población.
