MADRID, España.- El informe anual sobre prácticas de Derechos Humanos realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su análisis con respecto a Cuba durante el 2021, demostró la existencia de un estado autoritario en la Isla y el aumento de la represión durante el último año.
El documento, que comienzan denunciando que en Cuba las elecciones “no son libres, justas ni competitivas”, fue compartido este jueves por la Embajada de Estados Unidos en La Habana a través de Twitter.
El texto condena que en Cuba sigue existiendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal, así como la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario son controlados por el Ministerio del Interior.
Informe de Derechos Humanos: #Cuba
1. La ley permite la libertad de reunión y asociación.
2. Sin embargo, el gobierno restringió estas libertades en la práctica.
3. El gobierno bloqueó de forma rutinaria cualquier intento de reunión al que se opusiera…https://t.co/2fvMYHXvhx— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) April 21, 2022
“Hay informes creíbles de que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, y el número de presos políticos aumentó durante el 2021 drásticamente, muchos de ellos en prisión preventiva en condiciones extremadamente duras y degradantes”, señala la información.
El documento analiza la represión desatada por el régimen a raíz de las protestas antigubernamentales ocurridas en julio de 2021: “En las manifestaciones más grandes y generalizadas en décadas, decenas de miles de ciudadanos de todo el país salieron a las calles para exigir el fin de la represión y criticar la incapacidad del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas y su mala respuesta a la COVID-19. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y detenciones”.
Además, se denuncia los juicios fraudulentos contra los manifestantes y las largas penas de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos; así como el exilio obligatorio impuesto a algunos activistas.
El Gobierno de Estados Unidos recoge en su investigación torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; represalias contra familiares por delitos presuntamente cometidos por un individuo; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas; serias restricciones a la libertad en internet; severas restricciones a la libertad religiosa; la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y trata de personas, incluido el trabajo forzoso.
El documento insiste en que los funcionarios del gobierno que cometieron la mayoría de estas violaciones de los Derechos Humanos no han sido investigados y continúan impunes, al igual que continúa impune la corrupción oficial.
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