LA HABANA, Cuba.- Mairennys Pavo Oñate es abogada y estuvo recluida en la prisión de mujeres del Guatao por una sanción de 7 años, de los que cumplió 6 años y 7 meses, contando el año de rebaja por buena conducta. Pavo Oñate dejó atrás tan “buenas relaciones” que la han llamado del centro penitenciario para contarle del “insulto, más que del indulto, que les han dado a algunas de las que fueron mis compañeras allá adentro”.
“Me cuentan que se les dio el indulto a veintiséis mujeres del tribunal militar y una sola de la jurisdicción ordinaria”, cifras que se manejan entre las mismas reclusas. “A casi todas se les favoreció al límite del cumplimiento de su sanción. A nadie faltándole cinco, ocho o diez años, sino a los meses de su libertad condicional, e incluso ya presentadas al tribunal. Muchas de ellas fueron trabajadoras civiles de la FAR o del MININT, o pertenecieron al complejo de tiendas TRD”, asegura.
Pavo Oñate saca sus cuentas ante CubaNet, y es que en el Guatao “no hubo indulto para personas mayores de 60 años y se violaron muchas de las normas que habían establecido con la resolución de no favorecer a reincidentes y multireincidentes”.
“Me cuentan que se le dio indulto a Yanet Colombia y a Fósforo. La primera yo la conocí cuando fue beneficiada en el 2015, la segunda es multireincidente, que además de que evadió la prisión por más de 6 meses, después le fue concedida la libertad ahora es beneficiada”.
En el caso de Fósforo, sus penas son relacionadas con la prostitución, actos contrarios al desarrollo normal del menor “que es cuando una abandona a sus hijos”; sin embargo, “solo se benefició a una embarazada”, y recuerda Mayi, como la conocen todos, que “la vez anterior a muchas de ellas se le dio licencia extrapenal y se fueron con sus hijos porque en el hospital y en el hogar las condiciones no eran las mejores”.
Para esta abogada otras de las mujeres del Guatao que debieron ser contempladas en el indulto fueron las reclusas enfermas, “y no lo hicieron”.
“Conozco casos de mujeres que enfermaron en prisión, como Mayra, la subdirectora económica de las farmacias de Diez de Octubre sancionada a 14 años por un delito de malversación, que es obesa, diabética, hipertensa y además tiene el Parkinson. Está también Mayra Alonso, que tiene más de 60 años, está muy enferma y no puede salir ni a trabajar, pero prefieren seguir cargando con ellas, comprarles medicina, en vez de facilitarles la libertad”.
Pavo Oñate mencionó en la entrevista otros casos igual de críticos, como el de “Salvadora, una señora que tiene mal de Parkinson y anda con un bastón. Ella estuvo de licencia extrapenal, se le venció, le dijeron que tenía que entrar para poder hacerle todos sus papeles, al final, yo salí, y ella todavía está allí.
También están los casos de las reclusas que pudieron ser indultadas porque “reúnen todos los requisitos” pero que no fueron tenidas en cuenta. “Marlen Mata García, que entró en septiembre de 2012, dos meses después que yo, con una sanción de 10 años, cumple 7 tras las rejas el próximo 23 de septiembre y no ha recibido ningún beneficio; o las tres GilberMan, María Josefa García Martín, Sailet Cruz Valdez y Yurima, con conducta excepcional, a las que se les imputó un delito que hasta hoy, en materia legal no se les probó, y ahí están, no salen”. Estas mujeres cayeron tras las rejas después del operativo que se le aplicara al productor y reguetonero apodado Gilbert Man, quien era buscado por las autoridades estadounidenses por fraude con tarjetas de crédito.
Para la abogada resulta “asombroso” la rapidez con que fue aplicado el recurso legal, “lo dijeron el jueves y a la mañana siguiente se hizo efectivo”, y cree que se “quitaron de encima a personas de difícil manejo”.
Las diferencias entre indulto y amnistía es que la segunda “genera cambios”, porque se supone el perdón del delito y puede implicar la rehabilitación en derechos del amnistiado, mientras que con el indulto “hay que indemnizar al Estado porque no se extiende a la responsabilidad civil” porque es el perdón de la pena.
“Pudieron haber hecho algunas valoraciones y haber ayudado más a drenar las prisiones que están sobregiradas”, puntualiza. “Esta vez pensé que serían más de 5 mil, porque si era paulatino, como había dicho Raúl en el 2014, y llevaban dos años sin darlo después de que en el 2015 se indultaron a unos 3 mil reclusos y un poco más”.
“En el 2016 se dio a 787, si mi memoria no me engaña; y 2604 no es una cifra elevada, ni un número que pueda significar una incidencia en el sistema penitenciario cubano”.
Respecto a las condiciones de la cárcel, Pavo Oñate asegura que “allá adentro se violan los derechos más elementales, aunque nada más se pierdan los derechos civiles”, es por ello que la abogada no entiende por qué una mujer como Lázara Otero, que lleva 10 años de internamiento, y que fue acusada y condenada a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas, no tiene derecho a ningún beneficio.
“Yo sé que hay delitos que llevan un tratamiento especial, pero uno no puede estar arrastrando los errores que cometió en la juventud”, dice.
Mayi denuncia que son muchos los delitos por los que hay que estar “hasta el cumplimiento de la totalidad de la sanción por instrucción, que no sé si es del jefe de la dirección de prisiones, porque nunca hemos tenido la oportunidad verla”. Pero lo que Mayi sí sabe es que “son más los delitos priorizados que los delitos comunes, y así nunca se vaciarán las prisiones. Esto es solo en una prisión de mujeres donde almacenan a seres humanos que no generan ninguna ganancia ni ningún beneficio, imagínate cómo puede ser una de hombres donde hay literas de a tres y a veces los tienen que trasladar a provincias por falta de capacidad”, y deja la interrogante en el aire.
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