Régimen usa COVID-19 para reprimir, denuncia Human Rights Watch

Régimen usa COVID-19 para reprimir, denuncia Human Rights Watch

Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre COVID-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abierto procesos penales abusivos y detenido a personas

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(Foto: AFP/archivo)

MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión de la COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, denunció este lunes Human Rights Watch (HRW) en un comunicado. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”, dijo el director de la organización para las Américas José Miguel Vivanco.

El caso más reciente que mencionó HRW fue el del desalojo violento que llevaron a cabo el 26 de noviembre de 2020 fuerzas de seguridad cubanas, quienes “detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19 al no realizarse nuevamente una prueba”.

Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre COVID-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abierto procesos penales abusivos y detenido a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del COVID-19, dijo HRW.

Entre julio y noviembre de 2020, luego de entrevistas a 35 personas en Cuba, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados, Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas.

Según Human Rights, de 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el COVID-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.

Así mismo, treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el COVID-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama “nasobuco”) correctamente. Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de COVID-19 en la isla. Por su parte, en otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Y un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando la mascarilla de la manera correcta, dice el comunicado.

HRW denunció que a ninguno de los cubanos detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica, algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.

La mayoría de las personas multadas en los casos documentados por Human Rights Watch —11 en total— negó haber transgredido las normas; en algunos casos los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato”. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.

En Cuba el delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión, y el Código Penal lo define ampliamente como “infrin[gir] las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de […] epidemias de carácter grave o peligrosas”.

El régimen aprobó en mayo una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares, y un decreto del mes de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2 000 pesos cubanos (USD 77) —aproximadamente el doble del salario mensual promedio— a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulte[n] en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias” para COVID-19, entre otras transgresiones.

A esto se suma que las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.

Human Rights Watch documentó los casos de Keilylli de la Mora Valle, Juan Miguel Pupo Arias, Mileidy y Daniel Salcedo Arresto, el arresto arbitrario de miembros del Movimiento San Isidro y otros críticos del gobierno, el de Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, entre otros.

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