MIAMI, Estados Unidos.- Un informe elaborado entre la ONG Human Rights Watch (HRW) y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins denuncia que las condiciones de hacinamiento, y falta de higiene, a las que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela somete a cerca de 130 000 migrantes que han retornado al país, provoca el incremento de la transmisión de la COVID-19.
En el texto, publicado este martes, ambas organizaciones instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos abordar con urgencia la situación de los retornados a Venezuela en el próximo encuentro del Proceso de Quito, ya que hallaron “condiciones insalubres y de hacinamiento” en los centros donde se “obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica”.
A muchos de los venezolanos que han regresado a su país “se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena” durante más de los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, señala el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Estas personas han sido incluso amenazadas cuando han protestado.
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar la COVID-19”, denunció la doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page.
#Venezuela: Abusive Treatment of Returnees
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— Human Rights Watch (@hrw) October 13, 2020
Los datos recabados por HRW entre junio y septiembre revelan que, aunque las condiciones en los centros “varían considerablemente”, la mayoría de los retornados entrevistados indicaron que la capacidad de estos lugares estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación.
Entretanto, los encuestados por estas organizaciones también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y falta de artículos básicos de higiene, como jabón.
El pasado 10 de julio HRW aseguró que pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta “ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos”, sin embargo, el gobierno de Maduro no ha dado respuesta.
En el informe HRW instó a los países que forman parte del Proceso de Quito: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que “soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud”.
HRW denunció además que el 8 de junio el régimen de Nicolás Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, dependiendo del lugar, y en algunos cruces sólo permite el ingreso tres días en semana. “Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras, con escaso distanciamiento social”.
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