MIAMI, Estados Unidos.- A través de un artículo en el periódico oficialista Granma, el gobierno cubano aseguró que va a sancionar con privación de libertad de hasta un año, y multas, a aquellas personas que incurran en el delito de fraude eléctrico.
Según declaraciones de la Directora Comercial de la Unión Eléctrica (UNE) al órgano del Partido Comunista de Cuba, “en La Habana ya se prepara la documentación necesaria, de conjunto con la Fiscalía provincial, para aplicar sanciones, según el artículo 325 del Código penal, que establece la privación de libertad de tres meses a un año, y/o el pago de cien a 300 cuotas”.
De acuerdo a la nota oficialista, en 2019 la UNE impuso un total de 17 000 multas, por la pérdida de 2.1 megawatts por fraude eléctrico, y de ellas solo en La Habana se impusieron 2752, y por concepto de recuperación de energía, se pudieron rescatar 6.46 higawatts-hora (hwh), que antes no se contabilizaban.
“Desde inicios de 2020 hasta mediados de marzo se habían recuperado 8178 megawatts-hora (mwh) relacionados con esta forma de pérdida, que no solo se manifiesta en el sector residencial, sino que afecta también al área estatal”, dijeron.
Por su parte Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la UNE, aseguró que “cuando se hizo por primera vez la conversión de los metrocontadores analógicos a los electrónicos, estos últimos no tenían protección antimán, por lo que algunas personas se aprovechaban de eso y paraban la medición. No obstante, ya los estamos cambiando por otros protegidos, que permiten advertir la ilegalidad”.
Entretanto, las llamadas tendederas “constituyen una irregularidad”, dijo Cepero Hernández, y “el objetivo de la Unión Eléctrica no es quitarles la electricidad a quienes la utilizan, sino hacerles conciencia en el pago de su consumo y, en lo posible, metrarlas”.
Las autoridades cubanas denunciaron que otra modalidad de robo eléctrico es la manipulación de la relojería de los metrocontadores. “En estos casos, se requiere de una habilidad técnica, propia de un especialista”, por lo que, dijo Cepero Hernández, en estos fraudes hay personal del sector involucrado. “Pueden ser extrabajadores, que tuvieron o tienen acceso a piezas, e incluso algunos activos, que se convierten en autores y cómplices de este delito”.
El funcionario aseguró al medio de prensa del régimen que la UNE ya comenzó “la lectura acompañada, que se había visto interrumpida por la contingencia sanitaria de la COVID-19, pero cuando el trabajo de inspección se restablezca seremos capaces de identificar los robos y adoptar medidas”.
“Es importante hacer operativos, sistematizar acciones antifraudes, supervisar la lectura y rotar a los lectores-cobradores, sobre todo, para evitar la corrupción. La investigación del lector-cobrador es muy importante cuando existe una disminución notable del consumo eléctrico o un aumento. Todo esto contribuye a eliminar el fraude, y errores y pérdidas comerciales”, dijo.
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