Varios gobiernos de latinoamérica denunciarán a Maduro ante Corte Penal Internacional

Varios gobiernos de latinoamérica denunciarán a Maduro ante Corte Penal Internacional

Tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nicolás Maduro (Archivo AFP/Getty)

MIAMI, Estados Unidos.- Varios países latinoamericanos toman cartas en el asunto de Venezuela. Según reportó la agencia de noticias The Associated Press (AP), los ministros de relaciones exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la próxima semana una carta en la que denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por violación de los derechos humanos de manera sistemática, y específicamente por crímenes de lesa humanidad.

Néstor Popolizio, el canciller peruano, confirmó que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sesiona en Nueva York. Esta, según el alto funcionario peruano, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un Gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. “Antes no se ha conocido… es la primera vez”, dijo en una entrevista con AP en Lima.

Popolizio indicó que se adjuntarán dos informes: uno de un grupo de expertos que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ambos informes servirán para sustentar la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda.

El canciller peruano dijo que la ventaja de la presentación de una denuncia por parte de países miembros del Estatuto de Roma permite un trámite más rápido. Esto “le da automáticamente una posibilidad a la fiscal y a la Corte Penal Internacional de hacer un procedimiento más acelerado”, explicó.

Poco antes, el presidente venezolano había afirmado en Caracas que estaba evaluando condiciones para determinar si asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Maduro indicó en una conferencia de prensa en el palacio presidencial que quiere acudir a la Asamblea General, pero sostuvo: “tengo que cuidar mi seguridad”.

Desde el año 2016 el mandatario venezolano no acude al Asamblea General. En 2017 dijo que no viajó a Nueva York para el encuentro con la ONU porque tenía informaciones de “posibles atentados de sectores extremistas que tienen el poder en los Estados Unidos.”

El gobernante reveló el martes que durante este año las fuerzas de seguridad han abortado tres intentos de golpe de Estado promovidos por militares, y detenido a los que participaron en esas acciones. Asimismo, Maduro afirmó que las autoridades detectaron un nuevo complot dirigido por un general retirado de nombre Francisco Báez que se estaría moviendo entre Miami y República Dominicana para dar un golpe en octubre.

La puerta de entrada al proceso en la CPI es su fiscal, que lo puede hacer por su propia voluntad, o instado por un país parte de la Convención, o por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Si el fiscal concluye que hay base para abrir una investigación ha de pedir permiso a la Sala de Cuestiones Preliminares y si esta confirma el criterio de la Fiscalía y lo autoriza se dará curso a la investigación formal para, de acuerdo con sus resultados, materializar la acusación o cerrar el caso.

Si la denuncia la formula un Estado parte del Estatuto de Roma, no se requiere pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. En la hipótesis que se decida dar curso a la investigación, el fiscal puede pedir orden de detención del inculpado que, al ejecutarse, dará curso al acto de confirmación de cargos, tras lo cual el investigado pasa a ser imputado o acusado, para acceder luego a una audiencia confirmatoria a celebrarse ante la Sala de Primera Instancia que propenderá a la fase del juicio propiamente dicho.

El Estatuto de Roma es un código de 128 artículos que regula el procedimiento para enjuiciar a las personas implicadas en crímenes de lesa humanidad.

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