MIAMI, Estados Unidos.- El periodista Juan Juan Almeida publica este viernes en Martí Noticias que nuevas normativas jurídicas en Cuba “estarían encaminadas a controlar el auge y asfixiar a algunas de estas asociaciones privadas”.
“El Gobierno cubano prepara una nueva estocada para coartar los derechos concedidos a las cooperativas no agrícolas (CNA) de producción, específicamente las dedicadas al sector de la construcción”, escribe el reporte publicado hoy.
Según información obtenida por Martí Noticias, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros está elaborando un conjunto normativas jurídicas encaminadas a controlar el auge de este tipo de asociaciones.
Parte de las nuevas disposiciones se destinaría a poner más trabas en el proceso para abrir una de estas empresas.
Una fuente vinculada al proceso penal contra el dueño de una de estas asociaciones privadas dijo desde La Habana que “Las CNA no aparecieron en el escenario cubano como un fenómeno natural regido por las leyes del mercado, sino como resultado de una estrategia de emergencia para atenuar los efectos de la constante crisis nacional”.
“Pero algunos de los socios de este tipo de sociedad andan en autos rentados, y la dirección del país pretende ponerles un freno mediante instrumentos legales que asfixien esta iniciativa”, añadió.
El Consejo de Estado ya implementó, “con carácter experimental”, los decretos leyes No.305 y No.306, el No.309 del Consejo de Ministros, así como un paquete de regulaciones para la constitución, registro, funcionamiento y extinción de las cooperativas de producción no agrícola y de servicios en 222 actividades del sector privado, recuerda Martí Noticias.
La publicación de Miami resalta que las entidades privadas “lograron verdadera importancia en el sistema empresarial” en un breve lapso de tiempo, en contraste con “la escasa rentabilidad y la falta de autonomía de las empresas estatales”.
Por otra parte, Gaceta Oficial Extraordinaria No.58 publicó el pasado 12 de diciembre una serie de normativas jurídicas para el “perfeccionamiento del sistema empresarial” del Estado, concediendo mayor autonomía a sus empresas.
Aun así, las empresas del sector privado “han ganado en convocatorias públicas, importantes contratos de diseño y remodelación para hoteles de turismo, por encima de las ya anquilosadas empresas del Estado”, escribe Almeida.
“Estas corporaciones tienen mejores albañiles, hacen mejor trabajo y, en determinados casos, consiguen permisos para importar maquinarias desde China u otros países. No obstante, la forma en que originalmente fueron diseñadas y el carácter experimental de toda la base legal, representa la peor limitación”, dijo al ya citado medio de noticias un abogado que pidió anonimato.
Según esta última fuente, no existe forma legal de que dos cooperativas privadas se unan para agregar valor a sus productos o servicios. El abogado explicó que las empresas particulares tienen que adquirir todo a través de las empresas del Estado pero esto no sucede.
Debido a ello, el sistema “obliga” a esas empresas privadas “a violar las reglas al no ampliar el marco legal” porque “¿cómo van a comprar la materia prima necesaria como el cemento, la arena, la gravilla, el mármol para pisos, o madera para encofrar?”.
El Estado puede entonces controlar a los cooperativistas “sometiéndolos a constantes auditorías fiscales que son prácticamente imposibles de rebasar. Ya han cerrado algunas y sus integrantes están a disposición de los tribunales”, explica el reporte.
De no cambiar esta situación, “pronto veremos el fin de la iniciativa privada”, concluyó el entrevistado.
De acuerdo a cifras oficiales actualmente existen 429 cooperativas no agropecuarias en todo el país desde que se autorizara su creación en 2013.