MIAMI, Estados Unidos. – La Fiscalía General de la República amenazó a los cubanos filmados en las recientes protestas ocurridas en La Habana con procesarlos penalmente. La advertencia fue lanzada por el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, en el programa de televisión “Hacemos Cuba”, conducido por el vocero oficialista Humberto López, este lunes 24 de octubre.
El funcionario del régimen cubano dijo que los videos de las protestas serían considerados “un elemento probatorio” para iniciar un proceso penal contra los manifestantes.
“Cualquier medio que nos permita probar la ocurrencia del delito y las circunstancias en que esos hechos acaecieron y la responsabilidad o no de las personas, es legítimo para probar en derecho penal”, aseguró.
“Por tanto, son válidas estas imágenes, se puede probar, son un elemento importante, porque además en muchas de las imágenes a veces podemos demostrar fehacientemente la responsabilidad de las personas. Por supuesto estas imágenes también son sometidas a procesos científicos, a peritajes, que nos permitan saber que las imágenes son legítimas, con qué dispositivo se tomaron, en qué lugar, la hora, para garantizar la licitud de la prueba en el proceso penal”, agregó.
Asimismo, precisó que a la hora de iniciar los procesos penales contra los manifestantes la Fiscalía también tomaría en cuenta las “declaraciones de testigos, de imputados, de terceros implicados y piezas de convicción”.
A finales de septiembre, el grupo de trabajo Justicia 11J denunció que el régimen cubano realizaría “atestados directos” a los participantes en las protestas populares ocurridas tras el paso del huracán Ian.
“Atestado directo” es el proceso penal que pasa de la investigación policial, sin acusación fiscal ni proceso, a la vista oral. Es la Policía, y no la Fiscalía, quien dirige todo el proceso. Tiene como objetivo constituir una vía rápida y expedita para asuntos que se tramitan dentro del procedimiento sumario en los tribunales municipales.
Los manifestantes serán procesados por desórdenes públicos, desacato y resistencia.
“Necesitamos toda la atención posible hacia los manifestantes y los procesos penales. Es necesaria la cooperación de la sociedad civil, la prensa independiente y la prensa extranjera acreditada para visibilizar esta injusticia”, pidió Justicia 11J a través de Facebook.
Así como pidió colaboración para recopilar material audiovisual, donde se muestre la represión contra los manifestantes y que pueda ser mostrado como prueba por los familiares y abogados.
La organización defensora de los derechos humanos recordó que por las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J) al menos 43 personas fueron juzgadas en procedimientos similares y fueron sancionadas con penas de entre 5 y 12 meses de privación de libertad.
Justicia 11J ha documentado al menos 28 detenciones relacionadas con las protestas acaecidas entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre últimos.
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