MIAMI, Estados Unidos. – Este jueves 2 de mayo marca la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, que permitirá a los ciudadanos estadounidenses que hayan sido expropiados por el régimen castrista demandar a las empresas o ciudadanos extranjeros que trafiquen con esos bienes.
La medida, anunciada por la administración Trump el pasado 17 de abril, también terminó con dos décadas de suspensión continuada del título IV, que impide la entrada a EEUU de los demandados por el capítulo anterior.
“A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar”, dijo Bolton el pasado mes en Miami.
Si bien los mencionados capítulos formaban siempre formaron parte de la ley, la presión internacional, fundamentalmente de la Unión Europea, dio al traste con su activación.
De acuerdo con diferentes medios de prensa, la decisión de EEUU podría afectar a importantes empresas europeas, canadienses, japonesas, rusas y chinas, las cuales operan bajo el régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas. En muchos casos, las operaciones se realizan en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.
Con la activación de los títulos III y IV también podrían ser demandadas aerolíneas como Lufthansa y Air France, y otras grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei y la japonesa Mitsubishi.
Las autoridades estadounidenses han “certificado” 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, una cifra que, con los intereses acumulados desde hace más de 60 años, ascendería a 8.521 millones.
En 1996, año de la firma de la Ley Helms-Burton, se calculaban “hasta 200.000” reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas, explicó la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica, Kimberly Breier.
