MIAMI, Estados unidos.- Dos “coyotes” colombianos acusados de robar y asesinar a dos migrantes cubanos serán extraditados a EE.UU., según reportó el diario El Espectador.
Jhoan Stiven Carreazo Asprilla y Carlos Emilio Ibargüen Palacios, conocidos también como Playboy y Carlos, están acusados de “conspiración para instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en EE.UU. sabiendo que dicha entrada es o será en contravención de la ley”.
Los dos han sido señalados como los responsables del crimen contra los cubanos Dunieski Eliades Lastre y Edelvis Martínez Aguilar, que murieron en septiembre de 2016 en el Golfo de Urabá, Colombia, en su viaje para alcanzar EE.UU.
Un testigo del hecho que consiguió escapar señaló que los asesinos abusaron sexualmente de una de la mujer, antes de matarla a ella y otro joven cubano.
La odisea de los cubanos comenzó cuando salieron de su país rumbo a Guyana y, posteriormente, tras pasar por Venezuela y Brasil, ingresaron en agosto de 2016 a Colombia. Allí establecieron contacto con los coyotes para que les ayudaran a entrar en la selva del Darién y cruzar la frontera con Panamá, para luego llegar a México y finalmente a su destino.
Las víctimas establecieron contacto con un miembro de la red en un hotel de Cúcuta. Entonces los migrantes, convencidos de que los coyotes los ayudarían, llamaron a sus familiares en Miami y les pidieron que le giraran 500 dólares a los traficantes como pago inicial.
Tras ser llevados hasta Turbo (Antioquia), le hicieron un nuevo giro por $1400 a otro traficantes perteneciente a la red. El que coordinaba la operación entonces los puso en contacto con Playboy y Carlos.
Estos últimos, tras un primer intento de cruzar el golfo de Urabá, zarparon con los tres cubanos y ahí fue cuando los agredieron y asesinaron a dos. Sin embargo el tercero consiguió escapar y esconderse hasta que fue ayudado por las autoridades.
Tanto Playboy como Carlos formaban parte de una red de tráfico humano que operaba en la zona fronteriza entre Colombia y Panamá.
La extradición solicitada por la Corte Suprema de EE.UU. necesita solamente de la firma del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.