MIAMI, Estados Unidos. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la inclusión en la lista de sanciones a cuatro funcionarios alineados con el régimen de Nicolás Maduro.
La medida, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, está dirigida a los gobernadores de cuatro estados venezolanos involucrados en el sistema de corrupción y en el bloqueo de la vital ayuda humanitaria, exacerbando de esta manera la continua crisis humanitaria causada por ese régimen.
“Es vergonzoso el esfuerzo del régimen ilegítimo de Maduro por bloquear la ayuda internacional para los venezolanos. Las medidas del Departamento del Tesoro están dirigidas a cuatro gobernadores alineados con el expresidente, por bloquear la extremadamente necesaria ayuda humanitaria y prolongar así el sufrimiento de los venezolanos”, dijo el Secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Entre los funcionarios sancionados se encuentran Omar José Prieto Fernández, gobernador del estado venezolano de Zulia desde diciembre de 2017; Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, gobernador del estado venezolano de Apure, exvicepresidente del país y exministro de Defensa; Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado venezolano de Vargas desde 2008, exjefe del Ejército venezolano y exministro de Defensa; y Rafael Alejandro Lacava Evangelista, gobernador del estado de Carabobo, que se desempeñó previamente como alcalde de Puerto Cabello.
Según el comunicado de prensa emitido por el Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a ellos y que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o a la Orden Ejecutiva 13850, que tomen medidas concretas y genuinas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por la dictadura de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.
Para obtener mayor información sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sugiere la consulta de los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.
