EE.UU. revoca visas a comandantes de dos fuerzas chavistas señaladas por tortura

MIAMI, Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos revocó este viernes las visas de Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Comandante de las Fuerzas Especiales de Policía de Venezuela (FAES), y de Iván Rafael Hernández Dala, Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), jefes de dos de las fuerzas chavistas más violentas, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos, según informó en twitter el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.

“Las organizaciones de seguridad e inteligencia lideradas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, dijo el comunicado emitido por el Departamento de Estado.

“Estos actos” fueron ampliamente documentados en el informe del 5 de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reza el comunicado del gobierno del presidente Donald Trump. El texto de la ex presidente chilena revela al menos 7523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana.

Rafael Enrique Bastardo Mendoza es la cabeza de la FAES, encapuchados y con armas de guerra miembros de la Fuerza de Acción Especial –una unidad de élite de la PNB–, que se ha transformado en el escuadrón de la muerte en Venezuela. Es una de las fuerzas chavistas más violentas, le llaman el escuadrón de la muerte de Maduro.

Los integrantes de la FAES asaltan las barriadas más pobres del país, operan con total impunidad, establecen toques de queda, simulan enfrentamientos para ocultar asesinatos y después amenazan a familiares y vecinos para que no denuncien. Es el escuadrón policial más temido en Venezuela y, desde que escaló la tensión en las calles venezolanas con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente Interino, esos agentes están señalados como autores de la mayoría de los asesinatos.

Nicolás Maduro fue el creador de la FAES el 14 de julio de 2017. En ese entonces el dictador venezolano dijo que la había creado “para combatir el crimen y el terrorismo”.

En 2016 la Policía Nacional Bolivariana era responsable del 22% de las muertes en el país, al año siguiente, después de solo seis meses de existencia, la FAES aumentó ese lamentable récord en un 10%, hasta llegar al 32%.

Por su parte, Iván Rafael Hernández Dala es el Comandante de la Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bajo su mando se tortura a los presos políticos, y en los calabozos de la DGCIM fue asesinado el pasado 3 de julio el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

La DGCIM se dedica desde 2001 a la contrainteligencia, investigando incluso a las propias fuerzas armadas y a sus militares. Así entonces, los ciudadanos acusados de espionaje o traición suelen ser detenidos por la SEBIN (el servicio de inteligencia chavista), mientras que la DGCIM busca a los militares sospechados de delitos similares.

Un teniente de la Fuerza Aérea y desertor de la DGCIM testificó y proporcionó en marzo pasado pruebas a una audiencia de la OEA sobre las prácticas de tortura empleadas en el Helicoide por funcionarios de la DGCIM. El testimonio podría dar lugar a cargos penales internacionales para los funcionarios implicados.

La inclusión de los dos comandantes de estas fuerzas chavistas en la lista negra del departamento de Estado se suma a la acción del gobierno de Estados Unidos del 15 de febrero de 2019 en la que se sancionaba financieramente a Bastardo y Hernández por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción. De acuerdo con la ley, además de la designación de los dos comandantes, la medida alcanza a la mujer de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.

Así mismo, el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que el organismo estadounidense puede también revocar los visados para los funcionarios extranjeros y sus familiares directos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información fidedigna de que han estado involucrados en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos. “Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar a los Estados Unidos”, sentencia el texto.

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