MIAMI, Estados Unidos.- Olivia Lozano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de dicha asamblea, aseguró que el Gobierno chavista lavó inmensos caudales de dinero producto de la corrupción a través de la compra de medios de comunicación en ese país, y argumentó que esa es la estrategia del régimen de Nicolás Maduro para “cercenar la libertad de expresión acallando a la disidencia”, informó NTN24.
“Las mafias chavistas de enchufados y testaferros socios utilizaron la compra o creación de diversos medios de comunicación audiovisuales o impresos en varios lugares del país, entre ellos Globovisión, El Universal y la Cadena Capriles, para instaurar la hegemonía comunicacional del régimen, con el fin de terminar de destruir la libertad de expresión en Venezuela”, dijo Lozano.
La diputada habló sobre el tema tras la reciente condena contra el exguardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez, teniente Alejandro Andrade Cedeño, quien deberá pagar 10 años de cárcel en los Estados Unidos tras declararse culpable del lavado de 1.200 millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela.
Según NTN24, Lozano comentó que el caso de Andrade involucra directamente al dueño del canal televisivo Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, quien ahora es prófugo de la justicia estadounidense, y que habría adquirido dicho medio de comunicación a un costo de 90 millones de dólares “en una oscura negociación que probablemente no resista una auditoría independiente”.
Así mismo, “los gobiernos de Chávez y Maduro instauraron mecanismos de persecución, asfixia y censura a los medios de comunicación independientes a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Corporación Maneiro y la judicialización de investigaciones periodísticas”, reza el artículo.
En sus declaraciones, Lozano denunció que “medios de comunicación que no se venden o arrodillan al régimen comunista son atacados y sancionados por CONATEL, la Corporación Maneiro no le da acceso a papel periódico, o sus periodistas son acusados y condenados por los tribunales chavistas”.
La Asamblea Nacional de Venezuela, anunció Lozano, trabaja en un proyecto legislativo presentado por la fracción parlamentaria de Voluntad Popular denominado “Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción”, un instrumento que pretende, “una vez reinstaurada la democracia en el país, puedan incautárseles los múltiples y variados bienes que ha acumulado la clase gobernante junto a sus testaferros y socios, así como las cuentas bancarias, tanto en Venezuela como en el exterior”.
“Esos patrimonios multimillonarios, esas fortunas amasadas a la sombra y con la complicidad de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Francisco Rangel Gómez, entre otros miembros escandalosamente mafiosos y corruptos de la cúpula dictatorial, tienen que ser devueltos al Estado venezolano para reinvertirlos en la recuperación económica de la nación”, concluyó.