LA HABANA, Cuba, 1 de octubre (Yaremis Flores, 173.203.82.38) – Antonio Rodiles, director del proyecto audiovisual Estado de SATS y Veizant Boloy, abogado independiente presentaron una denuncia  ante la Fiscalía General donde se exige una respuesta oficial por las detenciones arbitrarias contra activistas y periodistas independientes en los últimos meses.

Antonio G. Rodiles.

La denuncia, elaborada el Centro de Información Legal Cubalex, dirigido por Laritza Diversent, Rodiles y dos abogados de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), fue presentada el pasado viernes 28 de septiembre en el municipio Playa.

La petición expone algunas de las detenciones ilegales contra José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), así como de activistas por entregar la Demanda Ciudadana y el reciente arresto de Roberto de Jesús Guerra, director de Hablemos Press y del abogado Boloy por exigir información sobre el corresponsal Calixto R. Martínez, detenido en la estación policial de Santiago de las Vegas, en el municipio capitalino de Boyeros.

“Los detalles sobre los que protagonizaron esas violaciones no permite justificación para no emprender acción penal contra algunos de ellos”, dijeron abogadas de Cubalex.

“Los agentes de la Seguridad del Estado visten de civil y cuando te muestran el carné (identificación) no permiten ver bien su nombre real, pero los uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria que colaboran con ellos si tienen identificada su chapilla”, dijo Bárbara Estrabao, especialista de Cubalex.

“En el examen periódico universal pasado el gobierno cubano informó que no necesitaba una institución nacional de derechos humanos de conformidad con normas internacionales, porque en Cuba la Fiscalía investiga y responde las denuncias formuladas y, en los casos que advierta violaciones de la legalidad, dicta una resolución con carácter vinculante para el restablecimiento de la legalidad quebrantada.”, indicó Diversent.

“Las vivencias de los casos de Cubalex distan de ese planteamiento, pues los ciudadanos que reclaman reciben por parte de ese órgano una respuesta en dos líneas comunicando que la queja pendiente a solución fue remitida a otra institución, que a su vez puede demorar 60 días más para responder”, agregó.

Según la Ley 83, la Fiscalía debe velar por el control de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, así como  la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

El Ministerio Fiscal en la isla se subordina a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, lo cual no debería influir su accionar contra órganos que responden a sus mismos intereses, como el Departamento de la Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.