MIAMI, Estados Unidos.- El Decreto-Ley 370 legaliza en Cuba las violaciones contra las libertades fundamentales, según un informe del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC), informó este martes Radio Televisión Martí.
OLC, una iniciativa del proyecto regional Demo Amlat, Democracia en América Latina, hizo un análisis detallado del Decreto-Ley 370, “cuál ha sido la forma en que ha sido aplicado en los últimos meses, cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión, y también la acción de organizaciones internacionales”, con el objetivo de condenarlo.
De acuerdo a Valentina Cuevas, una de las coordinadoras del proyecto, “el documento observa que la Constitución vigente en Cuba hasta el año pasado condicionaba expresamente todas las libertades reconocidas a la defensa del Estado socialista, y que la actual sustituyó esa flagrante imposición de un proyecto político por una trampa legal que también excluye las alternativas”.
La actual Carta Magna asegura que “la libertad de prensa (…) se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, y de acuerdo a Cuevas, “el Estado va a determinar a su antojo cómo puede ejercerse la libertad, según opine si las acciones correspondientes se adecuan o no a algo tan inasible ―y extralegal― como la determinación de los (supuestos) ‘fines de la sociedad’”.
La formulación mencionada OLC la compara con los que los juristas llaman un “tipo punible en blanco”, que no es más que el lenguaje que permite a las autoridades decidir a su antojo cuáles son las conductas socialmente reprochables porque no las especifican claramente, reza la nota.
“El Decreto-Ley 370 recurre también al artilugio de las normas en blanco”, y “en su artículo 68 establece unas nueve contravenciones muy generales y abstractas, asociadas a las tecnologías de información y comunicación (TICs)”.
De acuerdo al informe citado por Martí, las descripciones del Decreto-Ley 370 “están redactadas de modo que no puede definirse claramente qué conductas transgreden estas normas, dejando libradas la interpretación a los circunstanciales responsables de aplicarlas. De esta forma se consagra la discrecionalidad, agravada por el hecho de que ningún tribunal supervisa esas decisiones. Así, los ciudadanos quedan expuestos a decisiones arbitrarias de las autoridades”.
El tan criticado y denunciado Decreto-Ley 370 no es más que una herramienta legal que ha implementado el régimen cubano para coaccionar a los cubanos ante la llegada de Internet a la Isla. Con él controlan y sancionan “las libertades abiertas con la tecnología”, según el informe de OLC quien además cita al Instituto de Artivismo Hannah Arendt, encabezado por Tania Bruguera: “Una constitución no puede adjetivar el concepto de patria con los preceptos ideológicos de un partido, ni presuponer para el ejercicio de los derechos humanos universales la incondicionalidad política de los ciudadanos hacia el estado”.
Cita, asimismo, a la periodista independiente Camila Acosta. El régimen se dio cuenta de que internet, las redes sociales, son el último resquicio de libertad que tenemos los cubanos, porque ellos se han dedicado a aplastar nuestra libertad individual, denuncia Acosta.
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