LA HABANA, Cuba.- “Un nuevo decreto anunciado por el gobierno cubano, así como otras normas que lo acompañan, restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios (…). Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación”, señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW) mediante un informe en el que analizan la nueva legislación cubana sobre telecomunicaciones y ciberseguridad.
El Decreto-Ley 35 y otras normas complementarias fueron anunciadas el 17 de agosto último mediante su publicación en la Gaceta Oficial. El paquete de nuevas normativas forma parte de la actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones en el país, y tienen como primer y supremo objetivo “coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución”.
“El internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años (…). El gobierno cubano dice que esta legislación es una medida para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso”, afirmó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de HRW.
La organización con sede en Washington explicó que, con arreglo al derecho internacional, las leyes solo pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y reunión “cuando ello sea necesario y proporcional para lograr un objetivo legítimo, tal como la protección de la seguridad nacional o los derechos de otras personas. El Decreto-Ley 35 contiene muchas disposiciones vagas e imprecisas que son inconsistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y podrían fácilmente ser utilizadas para violar derechos humanos, ya sea a gran escala o con ataques específicos contra críticos del gobierno”.
Asimismo, aseguran que el Decreto-Ley 35 constituye una amenaza para la privacidad, pues requiere que los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, en este caso ETECSA, otorguen amplias informaciones y servicios a las autoridades gubernamentales.
Aunque la legislación no especifica las formas para detectar y erradicar los supuestos “incidentes de ciberseguridad”, se supone que ello requiera un monitoreo generalizado y filtro, “lo cual inevitablemente genera una censura y vigilancia excesivamente amplias”.
HRW compara las nuevas normas cubanas con otras similares adoptadas en países como Rusia, Nicaragua y Arabia Saudita, las cuales “han restringido los derechos humanos de forma indebida y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, expertos en tecnología, políticos de oposición y artistas”.
En el caso cubano, el régimen ha estado imponiendo censura en las redes sociales e internet desde 2019, cuando entrara en vigor el Decreto-Ley 370, el cual impone como una contravención el difundir, mediante las redes públicas de transmisión de datos, “información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades cubanas utilizaron esta norma para censurar, multar y confiscar equipos de trabajos a periodistas independientes y activistas de derechos humanos, fundamentalmente entre enero de 2020 y marzo de 2021.
HRW y varias organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado igualmente los cortes de internet a nivel nacional, así como las restricciones a las redes sociales y servicios de mensajería, durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Para José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de HRW, la nueva legislación cubana sobre telecomunicaciones y ciberseguridad “viola la libertad de expresión en internet y amenaza la privacidad de los usuarios”.
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