LA HABANA, Cuba, 6 de junio (Reinaldo Cosano Alén, 173.203.82.38) – La aceptación y amplia propaganda que el Gobierno cubano le está dando a los trabajadores por cuenta propia –vistos como una solución a la reducción de empleos estatales que se está implementando en en la isla- contrasta con el malestar de muchos de esos cuentapropistas, que ven la nueva oportunidad como un tortuoso camino lleno de intransigencias y trabas.
Ricardo del Pino Barbán, un trabajador por cuenta propia de 58 años que reside en el municipio habanero de Boyeros, no pudo callar su descontento.
“La Dirección de Inspección (DIS) del municipio capitalino Plaza de la Revolución ha convertido la flexibilidad que proclama el Gobierno hacia el trabajo por cuenta propia en una montaña de intransigencia y trabas injustificadas”, comentó Del Pino.
El cuentapropista se queja porque no lo dejan trabajar legalmente, “a pesar de que tengo licencia, cumplo todos los requerimientos legales y estoy al día en el pago de los impuestos”.
La razón por la que no se le permite vender su bisutería está relacionada con un permiso concedido mediante convenio legal con la Dirección de la Clínica Veterinaria ubicada en Carlos III y Requena, del municipio Plaza de la Revolución, para usar un espacio exterior.
“Lógicamente que es el lugar más apropiado, donde llevo varios años, para comerciar mis mercancías, arreos para animales domésticos y afectivos, porque acuden a la clínica muchas personas a atender sus mascotas, pero la Directora Municipal de la Dirección de Inspección se opone a que vendamos en allí”.
La situación de Del Pino es similar a la de Carlos Gustavo Rodríguez Fayat, quien lleva varios años trabajando por cuenta propia en el mismo lugar.
“El 16 de mayo me ocuparon toda la documentación legal. Desde entonces no puedo trabajar. No estoy ganando un centavo, pero tengo que continuar pagando altos impuestos”, declaró Rodríguez Fayat.
El Acuerdo 383 de 2012 del Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular autoriza a los directores de organismos estatales a arrendar áreas externas a cuentapropistas.
“Ocupo por convenio un espacio exterior de la clínica (veterinaria) que en nada interfiere el desempeño de la institución médica. Al contrario, estoy obligado a velar por la disciplina y por los clientes, y mantener el lugar perfectamente limpio”, argumentó el trabajador por cuenta propia.
“Pero la Directora del DIS ha dicho, sin mostrar documento alguno, que mi permanencia es ilegal. El 16 de mayo llegó al colmo de quedarse con la autorización comercial sin la cual no puedo vender. Si decido volver allí, a pesar de que tenemos todos los papeles en orden, me convertiría en un ilegal. Parece que la Directora del DIS me quiere llevar a ese extremo, para poder imponer altas multas y retirarme la patente”.
Estos cuentapropistas acudieron al Vice Director Económico del Consejo Administrativo Municipal de Plaza de la Revolución en busca de ayuda.
“Pero nos dijo que tenemos que pagar para solucionar el ‘conflicto’ y permanecer allí. Nuestra pregunta es: si todo está al día, ¿pagar qué y a quién?”, dijo Rodríguez Fayat.
Del Pino alega que esta es la tercera ocasión en que, sin motivo, le retiran el permiso de venta.
“No podemos trabajar legalmente, mientras que los vendedores ilegales, que no pagan impuestos, nos hacen una competencia desleal. No dejan de vender animales y arreos en el mismo lugar donde nosotros no podemos, pero los inspectores no ven nada y los policías son tolerantes. Nadie actúa contra los ilegales. Al parecer hay demasiada corrupción”, aseguró.