SANTIAGO DE CUBA.- El Centro de Información Legal Cubalex ha resaltado la importancia de documentar los actos de represión y hostigamiento que sufren decenas de actores de la sociedad civil independiente en Cuba en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a la Isla.
En ese sentido, Laritza Diversent, la directora de Cubalex, asegura que “es necesario recopilar la información de cada incidente para que la víctima pueda presentar la denuncia tanto a nivel nacional como internacional”.
Esta organización sin fines de lucro brinda asesoría legal desde Columbia, Estados Unidos, a todos aquellos que hayan sufrido represión en Cuba. No obstante, de acuerdo con Diversent, la información que brindan las víctimas es relativamente poca si se compara con el número de violaciones de derechos humanos que suceden en la Isla.
Este comportamiento minimiza la exposición del Estado cubano ante mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, asegura la abogada.
Ahora bien, ¿qué información necesita Cubalex para registrar cada caso de hostigamiento o ataque contra los miembros de la sociedad civil?
Según Diverset, su organización necesita un reporte completo con los detalles del caso: lugar de los hechos, día, hora y circunstancias.
Además, es importante que la víctima ofrezca un relato con los antecedentes del caso en los últimos tres meses. No obstante, si la persona afectada posee información que abarca los últimos seis meses, Cubalex la tendrá en cuenta y la tomará como muestra de que la política represiva en contra de la víctima ha sido continuada.
Cada incidente debe describirse de manera muy detallada. Además, en cada caso debe adjuntarse toda evidencia física de los hechos que posean las víctimas de represión, dígase papeletas de citación, certificados médicos, sentencias y talonarios de multas con sus respectivos comprobantes en caso de que las hayan pagado.
También se debe adjuntar a la documentación copias de las quejas presentadas a las instituciones y especificar si fueron o no atendidas (si la víctima recibió respuesta oficial debe facilitar a Cubalex una copia del documento).
Por otra parte, la información debe especificar cuántos agentes del Estado intervinieron en el acto represivo, el nombre o alias de quien estuvo a cargo (si se conoce). Además, sería ideal contar con una imagen de los represores. En caso contrario, se pueden informar sus rasgos físicos distintivos y cómo iban vestidos.
Luego de juntar todos los datos, las personas afectadas deben enviar la documentación al correo electrónico [email protected]. También podrían adjuntar videos u otros documentos que estimen oportunos.
“En base a esa información, nosotros los abogados elaboramos una estrategia de presentación a nivel nacional e internacional”, explicó Diversent.
De acuerdo con la abogada, las personas siempre se preguntan por qué hacer denuncias en instancias nacionales si el Estado casi nunca responde. Sin embargo, todos los organismos internacionales preguntan a través de formularios qué gestión hizo la víctima ante las autoridades para exponer la situación de riesgo, pedir protección o exigir sus derechos.
“Este paso no solo es una forma de demostrar que el sistema en Cuba no funciona, sino que también es una vía para recopilar evidencias”, sentenció la abogada.
El registro de estos casos de represión y hostigamiento no es algo de lo que puedan prescindir los actores sociales cubanos. Es probable que las personas olviden los detalles de los hechos con el paso del tiempo, pero si el caso está documentado, entonces habrá un historial, recuerda Diversent.
“En el reciente caso de Luis Manuel Otero Alcántara, mucha de la información que se difundió sobre la cantidad y detalles de actos represivos contra el artista, la había registrado Cubalex”, ejemplifica.
Actualmente, en medio de la propagación de la COVID-19 en la Isla, un número considerable de defensores de derechos humanos, entre ellos artistas, religiosos, periodistas independientes y opositores, están siendo víctimas de una política represiva intensificada que busca censurarlos e impedir que divulguen la realidad cubana en torno a la epidemia.
Algunos de ellos han sido citados oficial y extraoficialmente, detenidos, multados y advertidos de las “consecuencias” de sus actividades. Otros han sido amenazados con ir a prisión. Entre los recursos penales que más está utilizando el régimen para reprimir en el actual contexto están el Decreto-Ley 370 o “Ley Azote” a la libertad de expresión, así como el delito de “propagación de epidemias”.
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