GUANTÁNAMO, Cuba. – Finalmente ocurrió lo que muchos cubanos defensores de los derechos humanos y prestigiosas organizaciones internacionales temíamos: Cuba ocupará nuevamente por dos años un puesto en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU.
Previamente a esta jornada aciaga para la libertad, el señor Michael G. Kozak, Subsecretario de Estado interino de los Estados Unidos de América para asuntos del hemisferio occidental, denunció la candidatura cubana al CDH de la ONU y aseguró que “el mundo debería indignarse de que esta brutal dictadura se postule”. Y añadió esta aguda frase: “elegir a Cuba para ocupar un escaño en el CDH sería algo así como dejar entrar a un zorro a un gallinero”.
Y es que la actuación de Cuba ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos ha sido muy ladina. No sólo ha predicado que unos derechos tienen supremacía sobre otros y que tiene una interpretación particular de ellos, sino que también se ha dedicado a unir fuerzas con otras dictaduras para formar un frente común contra las democracias.
Las reacciones no se han hecho esperar en las redes cubanas. El grupo “Cimarrón”, fundado en la red WhatsApp, ha publicado las opiniones de varios ciudadanos que han criticado la doble moral existente en el CDH. Entre estas personas están Emilio Almaguer, el pastor Alain Toledano Valiente, Emiliano González, Rafael Vilches Proenza, Roberto Rodríguez y Dámaso Fernández Doimeadios.
CubaNet publicó un documento firmado por 85 organizaciones de la sociedad civil, en el que expresan su preocupación por el reingreso de Cuba al CDH. En él también se expresa que, en doce años de permanencia en ese Consejo, Cuba solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo y que no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
El documento afirma que el gobierno cubano no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la Isla desde 1989 y que Cuba es también el único país de la América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990.
La declaración relata además numerosas situaciones y hechos que revelan la crítica situación de los derechos humanos en el país.
Esta votación no es más que otra prueba de la crisis que atraviesa la ONU, así como la inmoralidad imperante en su CDH.
Cuando los intereses políticos espurios logran imponerse en una entidad como el CDH, como ha ocurrido, lejos de lograrse que una dictadura como la cubana actúe con más fidelidad hacia el respeto que debe a elementales derechos humanos, lo que se logra es lanzarle otro mensaje: que continúe actuando como hasta ahora, que para el CDH todo está bien. Y ese no es el espíritu con el que fue creado dicho Consejo luego de la crisis que permeó a la antigua Comisión de Derechos Humanos, en la cual tuvo una participación decisiva la dictadura cubana.
La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció claramente en su artículo 30: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
Sin embargo, eso es precisamente lo que ha hecho la dictadura cubana desde 1959. No sólo eliminó la Constitución de 1940, una de las más adelantadas de su tiempo -todavía lo era cuando los castristas se hicieron del poder-, sino que también se desmarcó de la mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos e instauró una práctica mediante la cual viola de forma reiterada, sistemática y masiva todos y cada uno de ellos.
La dictadura cubana ha impuesto como algo habitual la discriminación de los ciudadanos que no apoyan su ideología. Contra esas personas ejerce métodos de coerción que van desde el uso de prácticas sutiles hasta otras abiertamente represivas como los mítines de repudio, las detenciones ilegales y arbitrarias, las golpizas, los secuestros, los robos de bienes personales y la formación de expedientes penales para tratar de desprestigiarlas o enviarlas a prisión, gracias al contubernio de una policía, una fiscalía y un sistema judicial totalmente corruptos y supeditados a la Seguridad del Estado, entidad que determina el destino de cada uno de estos ciudadanos.
El CDH de la ONU no quiere darse cuenta de esto, aunque pruebas suficientes tiene para hacerlo. Los países que ayer votaron por Cuba para que ocupe nuevamente un escaño en esa entidad han mancillado el loable espíritu de libertad y solidaridad intrínsecamente vinculado a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al hacerlo, vuelven a dar luz verde a la dictadura castrista para que continúe violando esos derechos.
Esta ignominia refleja la profundidad de la crisis que hoy permea a la ONU. Antes no entendía por qué los Estados Unidos de América se habían retirado del CDH. Pensaba que, con su enorme fuerza moral, trayectoria y ejemplo en la defensa de esos derechos, debía continuar desenmascarando a dictaduras como la cubana.
Hoy estoy convencido de que el gobierno norteño actuó bien. Los buenos no deben juntarse con los malvados.
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