MIAMI, Estados Unidos. – La aplicación del Decreto-Ley 370 sigue tomando fuerza en Cuba, como parte de la ofensiva de las autoridades contra miembros de la sociedad civil independiente.
Este miércoles, la Seguridad del Estado amenazó al activista Adriano Castañeda Meneses, miembro del Frente Unido Antitotalitario (FANTU), con hacer uso de la normativa si continuaba colaborando con Radio Televisión Martí.
El activista había recibido la citación el pasado martes. Aunque, en principio, fue requerido para un “conversación”, Castañeda Meneses aseguró que todo lo que recibió fueron “amenazas y amenazas y amenazas”.
“Me dijeron que por el Decreto 370 me podían encauzar (sic) a prisión por estar difundiendo noticias de lo que estaba pasando en Cuba. Me hablaron mucho de eso”, dijo el activista a Radio Martí.
Según el oficial que lo atendió (el teniente coronel Samuel Navia) las autoridades le estaban dando una última oportunidad para que dejara su activismo y se mantuviera en casa.
“Me dijeron que este era el momento más difícil que estaba atravesando la Revolución en su historia y que yo tenía que dejar de publicar la situación social a la que estábamos enfrentándonos, que no querían ellos que colaborara mas con la emisora Radio Martí. Me realizaron un acta de advertencia, no la firme. El acta de advertencia era un compromiso de que yo me apartara de todo, que estuviera tranquilo en mi casa, que no hiciera ningún tipo de activismo en las calles y demás.”
Señala Castañeda Meneses que, durante el interrogatorio, el propio teniente coronel Samuel Navia hizo hincapié en que la gravedad de la situación que se vivía en la Isla podía traer consigo decisiones extraordinarias.
“Que la situación era muy tensa para el país y la Revolución y que me quedara poco tiempo en la calle si seguía con mi activismo opositor. Que el momento no estaba para que yo estuviera en las calles, tirando fotos en los lugares de las colas”, agregó el activista.
En lo que va de año, más de una decena de ciudadanos cubanos, entre ellos periodistas independientes y activistas de derechos humanos han sido multados por sus publicaciones en redes sociales denunciando, tanto la crisis de la COVID-19 en la Isla como la disfuncionalidad de las autoridades.
A todos se les ha aplicado el inciso i, artículo 68 del Decreto-Ley 370, el cual estipula que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación: difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
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