Régimen cubano permite a abogado Ferrer viajar al extranjero

Régimen cubano permite a abogado Ferrer viajar al extranjero

En el departamento de Inmigración y extranjería del municipio Cerro le dijeron: “Ya puedes irte para donde quieras, ya no estás regulado”

Julio Ferrer abogado cuba opositor
Julio Ferrer Tamayo, abogado cubano de Cubalex. foto archivo

LA HABANA, Cuba. – Queda extinta la sanción contra el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, tras denunciar a las autoridades penitenciarias por la injerencia de los militares donde solo competía a los tribunales tomar decisiones. En el departamento de Inmigración y extranjería del municipio Cerro le dijeron: “Ya puedes irte para donde quieras, ya no estás regulado”.

“Si solo hubiese sido un juego, lo habrían dejado hace mucho”, porque el abogado ha logrado hacer un mapa de jueces e ilegalidades que se cometen contra cualquier ciudadano medio, “lo que ha pasado es que ellos se han estado tapando porque en definitiva todos son funcionarios del Estado y yo soy, según ellos, un disidente, un contrarrevolucionario, un bandolero y sería muy lacerante para ellos darme la razón que tengo desde un inicio”, afirma Ferrer Tamayo.

Le costó 10 años de su vida. “Desde que me llevaron al Desacato, me metieron preso sin ningún argumento legal, me fabricaron la causa de que la propiedad de esta casa era falsa”, y hace un breve recuento de lo que ha vivido todo este tiempo. “Les dije que no denunciarlos y reclamarles ante las autoridades, era convertirme en sus cómplices y que quedaran impunes. Sabiendo que estaban cometiendo un atropello, un crimen contra nosotros”, afirma.

“Si el Tribunal acepta mi reclamación: que me quite la regulación en inmigración, declare la sanción extinguida, mande a cancelar el antecedente penal”, y es justo lo que acaba de suceder, “pensarán ‘este no nos jode más’”.

Pero esos no son los planes del abogado.

El propósito de Ferrer Tamayo, “no es que a fulano le pongan 20 años, sino que quede esclarecida la situación y la manera ilegal y prejuiciada en que ellos actúan abusando del poder que tienen”.

“Ahora dicen que se ha formado un problema allí por mis denuncias” y se refiere al Departamento de Prisiones situado en 15 y K en el Vedado. “Ellos no saben cómo lo van a resolver, pero llegaron a la conclusión de que la ilegalidad es del tribunal y lo que correspondería ahora es que ellos denuncien las que ha cometido el tribunal y se promueva un procedimiento de revisión que anule, por el Tribunal Supremo y la sala de lo penal, la sentencia por la cual a mí me sancionaron en la causa no 204/2014 de la Sala Segunda, con la que formaron una sanción conjunta con la causa 35/2015 del Tribunal de Plaza, por el supuesto Desacato y por el que me impusieron los 3 años”, resume.

Para el abogado de Cubalex, los responsables tienen nombres y apellidos: “Silvia María Jerez Morimón, presidenta de la sala segunda de lo penal del Tribunal Provincial de La Habana y Eusebio Osmany Palacio Miranda, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, ambos jueces en aquel entonces; y Plácido Batista Verane, presidente de la sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular”, los recuerda perfectamente.

Y Prisiones también debe llevarse su dosis de responsabilidad.

“A los efectos legales las autoridades penitenciarias emitieron un documento falso”, afirma Ferrer Tamayo y explica, “cuando te van a dar la libertad, Prisiones tiene que emitir lo que la gente llama Carta de Libertad, que oficialmente se llama Modelo de egreso”, con las fecha de ingreso, la sanción, el tiempo cumplido y el que queda por cumplir. “En mi caso alteraron en el sistema automatizado de Prisiones los datos que le envió, errados, equivocados, intencionadamente, el tribunal en un documento que solo puede modificar las autoridades judiciales que me sancionaron”.

Y anuncia sus próximos pasos.

“Con estos mismos argumentos voy a presentar demanda por daños y perjuicios contra las autoridades carcelarias”, y hace lo que no pueden hacer otros porque “el desconocimiento es generalizado”. Ferrer tiene suficientes argumentos para concluir diciendo que “cada vez los ciudadanos tenemos menos herramientas para hacer valer nuestros derechos”.

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