LAS TUNAS.- La Cascada era un restaurante bar de éxito. “Comida criolla e internacional”, decía la promoción. Pero ahora la puerta del restaurante está cerrada y el anuncio lumínico en el piso. El mismo día de la operación punitiva, sería anunciado el fallo del Tribunal: “Ese muñeco está armado”, dijo un policía a Maite, empleada de La Cascada, aludiendo la confiscación de la vivienda.
“Usted se imagina, quitarnos nuestra casa, todo lo que construimos para dárselo a un funcionario del Gobierno… ¡Es el colmo de la corrupción en Cuba! Cómo va a ver inversión extranjera en este país… Si yo me repatrié, vine de Estados Unidos, amplié la casa de mi suegra, legalmente, levanté un restaurant con mis ahorros, se fueron todos, hasta mi hermano me prestó dinero, más cien mil pesos que me dio de crédito el Banco (Popular de Ahorro) y ahora debo; todo legal, y nos quitan la casa para que un integrante del Gobierno municipal se quede con ella”, dice el hombre, afirmando:
“Óigame, ese restaurant daba empleo a seis personas, y a mi mujer y a mí; desempleados y endeudados ahora: mi mujer y una empleada son mis codeudores.”
“Para eso inventaron que mi madre es proxeneta y tratante de personas”, dice la mujer, afirmando el hombre:
“En agosto de 2016, al mes de abrir el negocio, vino la policía; sin orden de registro, sin testigos, agresivos, con el pretexto de ´una ley nueva de Camagüey para acá´ registran el restaurant, y el oficial de lacra, Luis Carlos, posterior a los hechos causó baja de la policía, me pregunta que si tengo cuarto de renta, digo, no, la del cuarto es mi suegra, diciéndome: ´¡Abre ese cuarto, hay gente dentro!´ Y digo: Ábralo usted, ahí no hay nadie, y entonces entra y mira todo; claro, no había nadie; pero de ahí los detalles de las testigos en el juicio, y así y todo declararon mal; lo que dijeron no se corresponde con la realidad, el cuarto está ahí, pueden confrontarlo”.
“Vea”, dice el hombre, dándome una memoria flash. En la pantalla de mi computadora aparece una joven, relatando, “la casa de la Cascada, la casa de la Cascada, las fechas las ponen ellos, yo no sé el nombre de tu mamá, la descripción la ponen ellos”, dice en una retahíla de palabras, exaltadas unas, reidoras otras.
“Ve, esa es una de las testigos de la policía, un testigo preparado. ¿Eso es legal?”, dice el hombre.
“Mire esto”, dice la mujer, dándome una hoja de papel escrita a mano en la que leo: “A quien pueda interesar, yo Maikel González, presidente del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) No. 3, donde radica la compañera Nelsa Lucía Rodríguez Ávila a la que se hizo un proceso investigativo injusto, doy fe que en ningún momento a mí…”
“¡Usted está leyendo eso! ¿Pará qué entonces es el CDR? ¡Ah, CDR cuando les conviene! ¡En el barrio no investigaron nada! ¡Gente decente, los testigos del abogado no los admitieron! Los testigos de la policía son tres prostitutas”, dice el hombre.
“Desestimándose los testigos de la defensa… pues los mismos tienen vínculos afectivos con la imputada…”, dice la sentencia No. 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.
Me siento rural, supersticioso. La tragedia de las personas que tengo delante puede ocurrir a cualquiera en Cuba. Estamos en mi cuarto de trabajo, pero siento como si estuviera en una sala de locos. La mujer se llama Zoila Aida Pla Rodríguez, y el hombre, su esposo, Nivardo Jacinto Hernández Cutiño; viven en Puerto Padre y están esperando que, de un momento a otro, funcionarios de Vivienda asistidos por la policía venga a desalojarlos de su casa.
“¡Me matan, tienen que matarme, yo no hago fuerza, pero de aquí yo no salgo! ¡Hasta el Papa se entera de esto!” dice Nivardo.
“¡Cálmate!”, dice Zoila Aida.
La madre de Zoila Aida, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, de 68 años de edad, licenciada en Educación, maestra por más de cuarenta años, querida y respetada por todos sus vecinos, en un proceso donde ahora los policías actuantes serán denunciados ante la Fiscalía Militar por un presunto delito de denuncia o acusación, fue encontrada culpable de proxenetismo y trata de personas por el Tribunal Provincial de Las Tunas y sancionada a “tres años de privación de libertad subsidiados por limitación de libertad” (reclusión domiciliaria) en su “zona de residencia”, dice la Sentencia.
“¿Cuál es la zona de residencia?”, se pregunta la familia.
El 16 de marzo de 2017, casi dos meses antes de pronunciarse el Tribunal el 2 de junio del propio año, y juzgar si procedía o no la sanción accesoria de confiscación de bienes, a solicitud de las autoridades policiales actuantes, el Director provincial de la Vivienda en Las Tunas, mediante resolución fundada en la actuación policiaca, “confiscó a favor del Estado cubano”, la vivienda de Nelsa Lucía, declarándola “ocupante ilegal”. Resolución ratificada por el Ministro de la Construcción, institución rectora de la Vivienda.
Ahora la familia será sacada de su propiedad y situada como arrendataria en una vivienda de propiedad estatal. Según la ley, viviendas expropiadas en estas circunstancias deben entregarse a instituciones sociales o familias sin viviendas y situación socioeconómica o de salud crítica. Pero según los expropiados este no es el caso.
“Aquí vinieron de Vivienda a notificar a mi mamá meses atrás, pero mi mamá no está, entonces me dicen que nos tienen una casa allá por el campo, en Itabo No. 23, que es la casa de un joven llamado Dayron, que nuestra casa se la van a dar a un anciano postrado llamado Cirilo Marrero Bruzón…”, dice Zoila Aida
“¡Usted se imagina, dos casas y un negocio para un anciano postrado! Porque son dos casas, tenemos la licencia de remodelación y ampliación, el certificado de habitable, el dictamen del arquitecto de la comunidad y la tasación, ya íbamos para la Notaría, sólo faltaba ése trámite cuando nos dicen que no, que la policía mandó a paralizar lo que legalmente estábamos haciendo, yo incluso con un Poder Especial de mi suegra. De hecho, son dos casas, no una. Están en los planos del proyecto”, dice Nivardo.
“Bueno, después nos citan de Vivienda, vamos porque nos dicen que había un documento en el Gobierno donde decía que nosotros estábamos de acuerdo en salir de nuestra casa para ir a vivir al apartamento de Félix Castelló, director de Economía y Planificación del Gobierno…”, dice Zoila Aida, interrumpiéndola Nivardo:
“No, no, mire cómo es esto y que el mundo juzgue. Cirilo, el señor postrado, el de la casa de Itabo que nos ofrecieron primero, es suegro de Félix, y Dayron, a nombre de quien aparece la casa, es hijo de este señor del Gobierno; y el apartamento B-3, en el edificio 12 que nos propusieron después, está a nombre de Idelsi Marrero Labrada, su esposa; antes estaba a nombre de los dos, pero en marzo de este año él se quitó. Que investiguen”, dice Nivardo, afirmando: “Que Díaz-Canel mande a investigar esto. Ya es hora”.
