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CPJ denuncia criminalización del trabajo periodístico en Cuba con nuevo Código Penal

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MIAMI, Estados Unidos.- El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, criticó este martes la aprobación de una enmienda en el nuevo Código Penal castrista que recrudece las penas de cárcel, con hasta 10 años, y la censura contra los periodistas independientes en la isla, según informó Radio Televisión Martí.

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, dijo Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

“Las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”, agregó Núñez, en referencia al polémico Artículo 143, que apunta directamente a la sociedad civil cubana y rememora la Ley 88.

El Artículo 143 prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de fuentes extranjeras y puede emplearse para silenciar a periodistas y medios independientes.

El Artículo 143

Propuesta inicialmente el 20 de enero por el Tribunal Supremo de Cuba, la normativa establece que “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

El nuevo Código Penal, aprobado el pasado domingo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, entrará en vigor en un plazo de 90 días después de publicado en la Gaceta Oficial, según las informaciones de prensa citadas.

Esta disposición, explicó Laritza Diversent, abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, afectará “a los periodistas independientes y a todos los grupos de la sociedad civil u organizaciones que reciban financiamiento desde el exterior. Si el Gobierno cubano considera que ese financiamiento es para actividades que van en su contra, no importa si la organización está radicada en Estados Unidos, Suecia o Noruega”.

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