GUANTÁNAMO, Cuba. ─ La COVID-19 continúa azotando en la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, según informa Mirtha Díaz Rivero, esposa del prisionero político Leoncio Rodríguez Ponce, quien se encuentra recluido en el mencionado centro penitenciario.
En declaraciones a CubaNet, Díaz Rivero confirmó que su esposo estuvo dentro de los casos diagnosticados durante el mes de marzo y que su tratamiento duró 12 días.
Sin embargo, ahora la mayor preocupación de la mujer es la imposibilidad de hacerle llegar a Rodríguez Ponce la bolsa de alimentos y aseo personal cada 45 días. La situación se repite con los reos que son deportados de su provincia de origen hacia otras cárceles del país como medida de castigo.
“En el mes de julio del pasado año fue la última bolsa de alimentación que pudieron recibir los reclusos de Kilo 8 que no son oriundos de la provincia de Camagüey ─según la dirección del penal─ por no contar con un transporte que traslade la ayuda desde sus provincias de origen hasta la prisión. Dan lástima todos. Se están muriendo de hambre. Imagina, con la crisis que vive el país, si acá en la calle es caótico para los que no tienen dólares, cómo será en las prisiones”, afirma Mirtha.
Con la llegada del virus al país en marzo de 2020 entraron en aislamiento todas las prisiones, quedando sin efecto las visitas familiares y conyugales. Solo se les permitió a los familiares que llevaran las bolsas con los alimentos. Luego, la dirección de cada prisión se encargaría de hacérselas llegar a los reclusos al interior de las cárceles, tras garantizar su desinfección para que cumplieran con las medidas higiénico-sanitarias implementadas por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Las autoridades han puesto en práctica varias veces medidas de cierre total desde que se reportaran los primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020. También han intentado restablecer la fase de Normalidad, pero cada rebrote ha sido peor que el anterior.
Desde enero de 2021 está prohibido moverse dentro de la Isla. Por tal razón, los familiares que tienen presos recluidos a distancia se han visto imposibilitados de abastecer a sus seres queridos. Tampoco las autoridades han brindado alternativas para superar la crisis en torno a los reclusos.
Por otra parte, la censura ha formado parte del plan de los militares para que los reclusos no denuncien lo que viven.
“A mi esposo le prohibieron usar el teléfono por un mes, pues había denunciado ante movimientos de derechos humanos del país la mala alimentación que reciben los presos y todo lo que pasa entorno a la COVID-19”, reveló la esposa de Leoncio.
En febrero de este año se dio la alarma de la presencia de COVID-19 en algunas prisiones de Cuba. Se reportaron casos en Guantánamo, Granma y Camagüey.
Desde Las Mangas, prisión provincial ubicada a pocos kilómetros de Bayamo, Granma, el joven Yuliesky Guerra Millán ─recluido en el Destacamento 6, Cubículo 5, de la mencionada cárcel─ denunció vía telefónica la situación.
“Se les están perdiendo las bolsas a la gente, los cigarros, el aseo. Se les está perdiendo de todo. Están saliendo todavía casos de COVID-19, pero es por gusto, los están aislando para un destacamento cuando tienen que sacarlos para la calle o sacarlos del penal. Ellos no pueden estar adentro con los presos y no están aplicando bien el protocolo de aislamiento”.
En cuanto a la importancia de la bolsa familiar, Guerra Millán resalta que hoy tiene más valor que nunca.
“La comida está mala. El arroz lo dan duro y empegostado. El potaje y la sopa parecen agua. El picadillo de pescado lo dan podrido. Las pastas las sirven podridas y hervidas. El huevo revuelto lo sirven ligado con el cascarón. Debido a la mala comida, la gente siempre tiene diarrea. He visto al jefe por la mala condición en la comida y me responde que me va a meter en la celda. No quiere atender mis quejas. La bolsa de la familia es la única forma de sobrevivir a las críticas condiciones del penal”.
Sobre la censura, este joven, sancionado por verter sangre sobre bustos de José Martí y poner pancartas en contra del gobierno en Buey Arriba, contó a CubaNet: “Hace unos días un guardia me dijo que si los seguía llamando a ustedes me iban a meter en la celda y me iban a dar una pela (golpiza). Además, me niegan el medicamento y me han quitado varias veces el teléfono para que no los llame a ustedes. Me dijeron también que yo iba a pasar trabajo con ellos aquí, que iba a sufrir, que para mí en la prisión no había nada”.
Aunque se desconocen las cifras exactas de casos positivos por COVID-19 en las prisiones debido al control del Estado, los centros penitenciarios permanecen aún bajo medidas de aislamiento, sin fecha precisa para el retorno a la normalidad.
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