SANTIAGO, Cuba. – En la tarde del pasado miércoles recibimos la preocupante noticia de que el preso político Ovidio Martín Castellanos fue víctima de una brutal golpiza y que, desde entonces, se encuentra en huelga de hambre. Hoy, Ovidio estaría cumpliendo su tercer día de inanición.
El pasado 17 de noviembre transcurrió de manera aparentemente normal la visita conyugal que sostuvo Ovidio con su esposa. Sin embargo, al llegar a su destacamento #8 de la prisión Mar Verde, fue golpeado por varios presos. Estas agresiones dirigidas por la policía política en combinación con la dirección del penal contra los prisioneros políticos son muy frecuentes. Utilizan a los más violentos y corpulentos para propinar tundas cuando se niegan a recibir el programa de “reeducación” comunista que imponen en las cárceles cubanas. Este es el segundo ataque violento del cual es víctima Martín en esta prisión, el primero, aunque menos severo, fue a principios de octubre, en el mismo destacamento.
Los activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide que están en prisión cumpliendo sanción por su activismo político no responden con violencia ante estos abusos, humanamente sería imposible incluso defenderse, debido a que les superan en número y peso corporal. Además de pretender doblegar al opositor, la policía política busca constantemente generar un conflicto para condenarle por un delito realmente común.
Ovidio Martín es miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los principales promotores de Cuba Decide. Fue detenido el pasado 7 de septiembre durante un asalto a su vivienda ubicada en el reparto Vista Hermosa, desde donde dirige la célula Wilman Villar Mendoza.
En ese asalto con robo resultaron detenidos Ovidio junto a otro grupo de activistas que allí se encontraban. Este fue un acto represivo que ejecutaron fuerzas combinadas del Ministerio del Interior sin presentar orden de detención, acta de objetos confiscados ni ningún otro documento que justificase legalmente la acción. Fue parte del mega operativo policial que se desarrolló en todo el país a raíz de una convocatoria realizada por UNPACU y Cuba Decide, donde pedían salir a lugares públicos el día 8 de septiembre para protestar de forma pacífica contra el aumento de la represión. Esta convocatoria fue la marcha de los girasoles, donde resultaron detenidos casi 200 activistas de diversas organizaciones disidentes en la mayoría de las provincias del país.
Todos los que resultaron detenidos antes y durante la protesta, fueron liberados transcurridas 24, 48, 72 y hasta 96 horas. Sin embargo, el 11 de septiembre Ovidio fue trasladado desde la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida como El Palacete, donde se encontraba detenido hacía cuatro días, hacia el Tribunal de la provincia, donde en pocas horas le realizaron un juicio sumarísimo, y no tuvo derecho ni siquiera a abogado. Fue condenado a cinco meses de prisión por el supuesto delito de impago de multas. Y de ahí trasladado a la prisión Aguadores, desde donde llamó a su familia para informarle lo que había acontecido.
El pasado 3 de julio, el coordinador de UNPACU habría sido detenido violentamente junto a otros activistas, en las cercanías de la sede de la organización por portar un pulóver que decía por delante NO y por detrás Ni1Más. En esa ocasión fue conducido al Palacete y multado con 2000 CUP.
Es oportuno aclarar que, en el caso de Unión Patriótica de Cuba, no hay un código que prohíba a sus miembros pagar multas. Ovidio Martín, como la mayoría de los opositores pacíficos al régimen castrista, se niega a pagarlas porque son impuestas por defender derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante.
Este tipo de sanciones son parte de la justificación que utiliza la Seguridad del Estado cubano para enmascarar la sanción política con una común. Lo mismo sucede con los delitos de desorden público, atentado, desacato, etc. Los activistas que se niegan lo hacen bajo la lógica que de pagarlas estarían reconociendo una violación que no han cometido. Pero, además, es ya es un hecho que cuando se paga la primera multa, el Departamento de la Seguridad del Estado comienza a imponerlas con más frecuencia, y deja a la persona con la opción de arruinarse o retirarse de la oposición. No hay bolsillos que soporte ese pago constante de cuotas excesivamente altas. Hay quienes “deben” hasta 20 000 CUP.
A partir de la primavera negra de 2003, Fidel Castro decidió no condenar más a sus oponentes por motivos políticos para evitar críticas enérgicas de la comunidad internacional. En la actualidad, los delitos comunes con los que disfrazan la sanción política suponen una cortina de humo que dificulta que se reconozcan prisioneros de conciencia a todos los que son encarcelados por hacer oposición pacífica.
Ser llevado a prisión por impago de multas no es diferente a ser condenado por cualquier otro delito fabricado, pagas hoy y mañana te encierran por otro inventado. Ovidio no está preso por una multa está preso por negarse a obedecer a un sistema totalitario.
Fue fundador de la UNPACU y su célula fue la primera en crearse. Su nombre, Wilman Villar, en memoria de este activista que murió en 2011 tras una larga huelga de hambre en prisión y que fue sometido a tratos tan crueles que finalmente causaron su muerte y fue declarado por Amnistía como prisionero de conciencia.
Tanto Martín como los miembros de su célula han sufrido a través de estos ocho años de lucha, todo el peso de la represión de un régimen intolerante. Muchos no han soportado, pero Ovidio ha tenido la capacidad y la fortaleza no solo de resistir sino de ampliarse y sumar más pueblo a la lucha.
Ahora fue encarcelado por segunda ocasión, esta vez su esposa estaba a punto de dar a luz a su bebé. No la vio nacer y tampoco podrá estar junto a ella y el resto de su familia en la cena de nochebuena, ni a las 12 de la noche del día 31 de diciembre, por promover una marcha de cubanos armada únicamente con girasoles en la mano.
Según Cuban Prisoners Defenders, existen dos mecanismos por los cuales un ciudadano puede ir a la cárcel en Cuba por el delito de impago de multas, por un lado están las de tipo judicial, es decir las que pertenecen a una sentencia, y por otro están aquellas fijadas en la sesión segunda del código penal, capítulo XXI, artículo 170 que dice: ‘el que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente relativas a contravenciones, incurre en privación de libertad de uno a seis meses.’ Luego continúa diciendo que el Tribunal puede sustituir la sanción privativa de libertad por la de trabajo correccional sin internamiento.
En el apartado 3 se interpreta que el individuo que no ha pagado la multa en el tiempo establecido solo se le aplicaría la sanción de privación de libertad si lo determina la autoridad o funcionario que dictó la resolución. Este apartado viene a oficializar la arbitrariedad, debido a que establece que es el funcionario que impuso la multa bajo su criterio subjetivo y arbitrario, el que decide quién va a sufrir un proceso penal. Y en un país donde no hay división entre los poderes del Estado, todas las instituciones responden únicamente a las decisiones del Partido Comunista, por tanto, un activista irá a prisión sin pruebas, sin haber cometido delito, sin derecho a defensa y por el único motivo de que necesita la Seguridad del Estado sacarlo de las calles, y dar una especie de escarmiento al resto.
La Unión Patriótica de Cuba ha denunciado en este año alrededor de 500 detenciones arbitrarias y varias decenas de allanamientos. Actualmente 49 de sus miembros están cumpliendo injustas sanciones políticas, entre ellos, su máximo líder y fundador, José Daniel Ferrer García, quien a sus 80 días de encarcelamiento aún no se le permiten visitas y llamadas regulares, ni abogados ni un instructor que oriente al detenido y a sus familiares sobre el caso.
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