MIAMI, Estados Unidos.- El Congreso de EE.UU. prohibió utilizar fondos públicos para cualquier ejercicio militar que implique la participación de cubanos en el año fiscal 2017, informó el Legislativo estadounidense.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) contiene la medida dictada por el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes.
De acuerdo al texto de la ley, el Secretario de Defensa de EE.UU. no puede utilizar fondos para ninguna actividad con militares cubanos hasta tanto no se cumpla con ciertas condiciones y se consulte al Secretario de Estado y al Director Nacional de Inteligencia.
Las condiciones, que deberán certificarse “a los correspondientes comités congresionales”, son:
- “Que los militares cubanos han cesado de cometer abusos y violar los derechos humanos de los activistas civiles y otros ciudadanos de Cuba.
- Que los militares cubanos han dejado de proveer inteligencia militar, entrenamiento de armas, planificación estratégica y seguridad logística, a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela.
- Que los militares cubanos y otros fuerzas de seguridad cubana hayan cesado de perseguir, intimidad, arrestar, encarcelar y asesinar a disidentes y miembros de organizaciones religiosas”.
El gobierno cubano deberá, además, suspender sus reclamos de recuperar el territorio de la Base Naval de Guantánamo, que administra el gobierno de EE.UU.
La medida exige explícitamente no asignar fondos a ninguna cooperación con militares cubanos hasta que los oficiales cubanos acusados de asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996, durante el incidente de las avionetas de Hermanos al Rescate, sean entregados a la justicia estadounidense.
No obstante, habrá excepciones a las disposiciones descritas por la ley si se trata de operaciones relacionadas con desastres humanitarios, asignaciones para el trabajo de la Embajada de Estados Unidos y la Base Naval de Guantánamo, así como toda actividad encaminada a fomentar la democracia en Cuba, según lo establece la ley Helms-Burton de 1996.
