MIAMI, Estados Unidos. — Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, del estado de Florida, así como Albio Sires de Nueva Jersey y Nicole Malliotakis, ambos de Nueva York, pidieron a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, condenar la masacre de Bahía Honda y convocar a una investigación internacional para determinar si constituyen crímenes de lesa humanidad.
En una carta firmada este jueves, los representantes solicitaron a la diplomática un pronunciamiento sobre los hechos ante el organismo internacional.
“Le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación respecto al hundimiento, por el régimen cubano, de una lancha, cerca de Bahía Honda, que tuvo como resultado la muerte de al menos siete personas, entre ellas una niña”, indica la misiva.
Los congresistas señalan que el hundimiento de la lancha, y las consiguientes muertes que generó, deben ser condenados en virtud del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define como “crimen de lesa humanidad” acciones como asesinato o actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos, entre otras.
“La ONU y la Corte Penal Internacional tienen la autoridad de investigar crímenes contra la humanidad”, indica la carta en referencia al siniestro, perpetrado por efectivos de las Tropas Guardafronteras de Cuba.
Los representantes sostienen que lo ocurrido en aguas al norte de la provincia de Artemisa no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de violaciones sistemáticas del régimen de La Habana.
“Vergonzosamente, el régimen ha cometido sistemáticamente violaciones de derechos humanos durante seis décadas, con pocas repercusiones; a los perpetradores de estos crímenes no se les ha exigido responsabilidad por las atrocidades que han cometido ni en las Naciones Unidas ni en la Corte Penal Internacional”, precisa el texto.
El hundimiento de la lancha trajo consigo el fallecimiento de siete personas, entre ellas una menor de edad. El régimen cubano aseguró que se trató de un accidente, algo que ha sido desmentido por los propios sobrevivientes y sus familiares, y culpó al gobierno de Estados Unidos del hecho por implementar políticos que estimulan la inmigración ilegal.
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