MIAMI, Estados Unidos.- Un nuevo preso político de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) tuvo que recurrir a la huelga de hambre como protesta por su confinamiento en una celda de castigo.
Se trata de Bianko Vargas Martín, recluido en un centro penitenciario de Pinar del Río conocido como Kilo Cinco, y quien anteriormente se encontraba en Boniato, la prisión de máxima severidad de Santiago de Cuba, provincia donde reside.
“Esta mañana recibí la noticia de que mi hijo se había plantado en huelga de hambre porque lo habían llevado a celda de castigo, el motivo fueron las denuncias hechas en relación a la pésima situación que viven los reclusos”, declaró a CubaNet la opositora Miraida Martín, madre Bianko.
“Una hora antes habíamos hablado, pero luego una fuente confiable me confirmó que arremetieron contra él por las denuncias que había hecho. Le prohibieron las llamadas de teléfono por tres meses. Estoy muy preocupada, él padece de asma, tiene un soplo valvular e inmunodeficiencia”.
Bianko Vargas, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional en 2013, fue nuevamente llevado a prisión en 2016, y condenado a 15 años por los supuestos delitos de “desacato”, “atentado”, “desorden público” y “tentativa de asesinato”.
A principios del presente mes, Vargas denunció, a través de su madre, que los reclusos estaban pasando hambre, se acostaban sin comer en muchas ocasiones y corrían el riesgo de contagiarse con la COVID-19.
Al respecto, otros prisioneros políticos de la UNPACU y promotores de Cuba Decide se encuentran en situaciones críticas.
Yosvany Sánchez Valenciano, protagonista de sendas protestas públicas en La Habana, fue sentenciado en 2016 a cinco años y nueve meses por “desorden público” y “desacato”. Actualmente lleva 55 días en celda de castigo en la prisión Combinado del Este, en La Habana, según denunció su tía Gladis Valenciano.
Este viernes 12 de junio cumple 37 días también de aislamiento, en la prisión de Mujeres de Las Tunas, Aymara Nieto Muñoz, quien además fue golpeada por los propios carceleros.
Su esposo, el opositor Ismael Boris aseguró a CubaNet que le mintieron las autoridades de la Dirección General de Prisiones en 15 y K.
“El 28 de mayo presenté una solicitud de traslado de prisión a la provincia donde reside, y la madre de Aymara presentó una súplica, pero el capitán que nos atendió nos dijo que ella no estaba en celda de castigo”, afirmó Boris, quien logró confirmar hace dos días con Aymara, vía telefónica, las circunstancias en las que se encuentra.
“A penas pudo hablar, solo para saludar a las niñas porque tenía carceleros al lado amenazándola para que no contara todo lo que le estaban haciendo”, lamentó el ex preso político.
Por otra parte, Wilson Quintero Cabrera y Raudel Arias Valerino también sufren este tipo de medida represiva. Quintero cumplió hoy 27 días encerrado en una pequeña celda en la prisión 1580, y Arias 35 en Melena del Sur.
En medio de la actual crisis, agravada por la COVID-19, varios activistas han denunciado el acrecimiento del rigor en las cárceles cubana. Hacinamiento, falta de alimentos y medicamentos, pésima higiene y represión marcan el día a día de la mayoría de los reclusos.
En el caso de los presos políticos, todas estas problemáticas que en mayor o menor medida siempre han existido se hacían un poco más llevaderas gracias al apoyo de los familiares y la ayuda del exilio. Pero, debido al coronavirus, hasta nuevo aviso están prohibidas las visitas y entrega de alimentos, aseo personal y otros productos de primera necesidad.
Muchos son los casos que demuestran que el Departamento de la Seguridad del Estado utiliza estas medidas para hostigar aún más a los presos políticos, quienes no solo tienen prohibido recibir visitas, sino que les impiden llamar a sus familiares y les decomisan sus pertenencias.
La organización Cuban Prisoners Defenders denunció este mes que los condenados por motivos políticos en la isla ascendían a 134.
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