Hay casi 1 500 presos políticos entre Cuba, Venezuela y Nicaragua, denuncia la CIDH

MIAMI, Estados Unidos. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la elevada cifra de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, los tres regímenes autoritarios que aún sobreviven en América Latina.
En un comunicado divulgado este jueves el organismo continental acusó a La Habana, Caracas y Managua de “instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas”.
Al cierre del pasado mes de noviembre la CIDH registraba un total de 1 467 detenidos por motivos políticos entre los tres países. En ese sentido, la voz cantante la llevaba el régimen cubano, que mantenía tras las rejas 1 034 personas, en su mayoría manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).
A Cuba le seguía Venezuela, con 247 presos políticos contabilizados hasta octubre de este año, y Nicaragua, con un total de 195 detenidos.
La organización destacó que esos tres regímenes han desarrollado modelos donde la autonomía judicial ha sido suprimida por los poderes del Estado.
“La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho”, indica el comunicado.
La CIDH recordó, además, que las personas privadas de la libertad por motivos políticos en esos países son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, “lo que ha provocado un grave deterioro de salud” en no pocos de esos reclusos.
El organismo criticó también el hermetismo con el que las autoridades de Cuba, Venezuela y Nicaragua manejan los casos de los presos políticos.
“Existe poca información oficial sobre la situación de los detenidos, ya que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias y en algunos casos son sometidos a torturas y tratos crueles”, advirtió la CIDH.
La Comisión y su Relatoría Especial llamaron a los Estados de las Américas a poner en libertad a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como al respeto y garantía de su vida e integridad personal. Asimismo, el organismo animó a los gobiernos de la región a emprender acciones humanitarias que permitan constatar y mejorar sus condiciones de detención, incluyendo el facilitar que sean visitadas por sus familiares y personas abogadas de conformidad con el derecho internacional.
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